- 2026-10-15
- El Consejo considera adecuada la tramitación de la norma y emite un conjunto de consideraciones para mejorar determinados aspectos del Anteproyecto, tanto desde la necesidad de poner en el centro el bienestar de las personas residentes, la cultura y el medioambiente, como desde los principios de seguridad jurídica y de libertad de empresa.
El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Anteproyecto de Ley de Turismo de Euskadi”, presentado a consideración por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. En su respuesta, el órgano consultivo considera adecuada la tramitación y presenta un conjunto de consideraciones para su modificación. El dictamen ha sido aprobado por mayoría, con el voto particular de CCOO.
Para situar en contexto la propuesta, el CES hace una consideración previa sobre la importancia del sector en términos económicos para Euskadi, destacando que la rápida extensión del turismo ha permitido alcanzar la “desestacionalización” y la presencia estable de turistas durante todo el año, con más de 5 millones de visitantes anuales. En consecuencia, señala que es necesario que la normativa tenga en cuenta el conjunto de “externalidades” asociadas al turismo, tanto negativas como positivas.
De manera concreta, el informe advierte que las externalidades negativas están generando una contestación social de este modelo turístico masificado, por lo que señala la conveniencia de facilitar la colaboración interinstitucional y de abordar de forma más contundente las contradicciones que genera el actual modelo turístico. De hecho, aunque el CES comparte la orientación general y el propósito de la propuesta, entiende que es necesario mejorar determinados aspectos en el anteproyecto presentado, tanto desde la necesidad de poner en el centro el bienestar de las personas residentes, la cultura y el medioambiente, como desde los principios de seguridad jurídica y de libertad de empresa.
En lo que atañe a la sostenibilidad del modelo, el informe señala que el anteproyecto incorpora la sostenibilidad como uno de los principios que deben orientar la política turística, y considera relevante que la evaluación de los efectos de la actividad turística no se limite a los flujos turísticos, sino que incorpore también indicadores relativos al impacto sobre la población residente, la convivencia, el acceso a la vivienda, la estructura social y la calidad de vida de las comunidades afectadas.
De hecho, en el informe se señala que la turistificación puede producirse de manera territorialmente localizada y generar efectos sobre la estructura residencial, los usos del espacio, el comercio, los precios de la vivienda y la composición social de determinados ámbitos, incluso cuando no exista una situación de saturación turística en el conjunto del municipio. Por ese motivo, el CES indica que sería conveniente que el anteproyecto permita identificar y gestionar zonas turísticamente tensionadas tanto a escala municipal como inframunicipal, prestando especial atención a barrios y cascos históricos.
La conexión con las políticas de vivienda es otro de los puntos de interés del informe, destacando que el Gobierno pretende avanzar hacia un marco claro y garantista de la coexistencia de actividades turísticas en viviendas y recursos residenciales. Sin embargo, el Consejo considera que dicho marco debe salvaguardar, en todo caso, el uso prioritario de viviendas y recursos residenciales para las funciones que les son propias.
En cuanto al uso de las residencias de estudiantes como alojamientos turísticos fuera del periodo académico, el CES expresa sus dudas sobre la oportunidad de desvirtuar su fin originario para dar paso a una explotación hotelera, ya que este uso compartido podría agravar las externalidades negativas en los entornos donde se ubican los centros.
Teniendo en cuenta este contexto, el Consejo considera que las medidas previstas en la norma para limitar nuevas viviendas y habitaciones de uso turístico en determinadas situaciones deberían complementarse con mecanismos capaces de prevenir y gestionar situaciones de concentración elevada de estos usos, que pueden darse en zonas de mercado inmobiliario no necesariamente tensionado. En esta línea, el informe señala que el anteproyecto podría contemplar ratios, límites de concentración u otros indicadores territoriales.
En cuanto a la coherencia del modelo con el principio de inclusión, se considera conveniente garantizar expresamente que la búsqueda de un mayor valor añadido económico sea compatible con el principio de turismo inclusivo que el propio anteproyecto declara, evitando que la estrategia de mejora del valor económico de la actividad turística se traduzca indirectamente en una orientación excluyente o en un incremento de las barreras económicas de acceso a determinados destinos y servicios.
El informe hace referencia también a las condiciones laborales y el empleo en el sector turístico. El CES comparte plenamente los objetivos enunciados en los artículos referidos a este ámbito –recordando que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre legislación laboral- pero considera indispensable que la norma haga mención a la estabilidad laboral, reconociéndola como un componente estructural e imprescindible para la sostenibilidad sociocultural del modelo turístico.
Por último, el informe se detiene en la necesidad de incorporar una evaluación ex post de la ley y de su impacto. En concreto, el Consejo aboga por la introducción de un mecanismo de evaluación de los efectos de la regulación, que permita comprobar -una vez transcurrido un periodo suficiente- si la norma ha conseguido los objetivos perseguidos y a qué coste para el sector y el entorno. Asimismo, el CES considera que esta evaluación debería realizarse con la participación de los agentes sociales de los diferentes subsectores turísticos, para garantizar el acceso a datos e información que van más allá de las simples estadísticas.
Sobre el Consejo Económico y Social Vasco
El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.