Bilbao, 26 de junio de 2026. El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula el Estatuto de las jóvenes personas agricultoras y se deroga el Decreto 8/2014, de 4 de febrero, del Estatuto de las personas jóvenes agricultoras”, elaborado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación, con las consideraciones efectuadas para su modificación.

La norma tiene por objeto regular el estatuto de las jóvenes agricultoras y agricultores, que comprende el conjunto de actuaciones encaminadas a impulsar la incorporación y permanencia de jóvenes como titulares de explotaciones agrarias profesionales.

El Consejo considera que si bien resulta conveniente elaborar un nuevo decreto y derogar el anterior; echa en falta una justificación y concreción de los aspectos de mejora que se buscan, así como de las medidas que se señalan, por lo que se sugiere su inclusión.

El Consejo Económico y Social Vasco considera necesario reforzar las medidas de acceso al suelo agrario previstas en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, una cuestión que no se recoge en el Proyecto de Decreto. En este sentido, propone recuperar la referencia al acceso a los aprovechamientos comunales y montes públicos que sí recogía en el decreto anterior, así como incorporar una reserva específica de hectáreas destinada a jóvenes con proyectos GAZTENEK aprobados durante sus primeros cinco años de actividad.

La propuesta plantea que esta reserva de terrenos se distribuya de manera complementaria a las adjudicaciones ordinarias de montes públicos y comunales, con el objetivo de proporcionar un apoyo económico adicional a las personas jóvenes recién incorporadas al sector. El Consejo entiende que esta medida contribuiría a mejorar la viabilidad de las explotaciones en una etapa especialmente sensible, caracterizada por menores niveles de rentabilidad. La incorporación del mecanismo de reserva vía Decreto, permite plantear a la Autoridad Gestora de Montes Públicos o Comunales la conveniencia de la incorporación de jóvenes a los y las usuarias de dichos espacios mediante normativa.

En relación con el sistema de ayudas, el CES Vasco señala que el proyecto de decreto centra su atención en la titularidad de explotaciones agrarias y en las fórmulas de emprendimiento individual o asociativo. Sin embargo, considera que el texto debería contemplar también la situación de las personas jóvenes que desarrollan su actividad por cuenta ajena en el sector agrario, incorporando medidas específicas que favorezcan tanto su incorporación como su permanencia en la actividad agrícola.

Asimismo, el Consejo muestra sus reservas respecto a la previsión de impulsar empresas de inserción sociolaboral para cubrir los servicios de sustitución en las explotaciones agrarias. A su juicio, esta fórmula presenta dificultades para garantizar una integración laboral estable de las personas participantes, dado que la finalidad de estas empresas es facilitar el acceso posterior al mercado ordinario de trabajo, circunstancia que no queda suficientemente asegurada en el ámbito planteado por el decreto.

Por último, el CES Vasco advierte de la falta de concreción en aspectos esenciales de la norma y de la frecuente remisión a futuros desarrollos reglamentarios. El organismo considera necesario definir con mayor precisión conceptos clave, como el alcance del tratamiento preferente previsto para las personas jóvenes agricultoras, y dotar al texto de compromisos más concretos y operativos que permitan garantizar la efectividad de las medidas contempladas.

Dictamen 5/26

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Bilbao, 15 de junio de 2026. El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de acreditación y funcionamiento de los organismos de intermediación en adopción internacional y la Comisión Técnica de Adopción Internacional”, elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación, con las consideraciones efectuadas para su modificación.

La norma tiene por objeto establecer los requisitos de acreditación, régimen de funcionamiento y procedimientos de control administrativo de los organismos de intermediación acreditados para la adopción internacional, que tengan su sede en el territorio de la CAPV y que realizan funciones de intermediación en procesos de adopción de menores procedentes de otros países. A su vez, es objeto de desarrollo la composición, obligaciones y régimen de funcionamiento de la Comisión Técnica de Adopción Internacional.

El Consejo valora positivamente la iniciativa en tanto que supone un avance en la actualización y adaptación de la normativa vigente a la nueva regulación estatal y a los principios de protección integral de la infancia. No obstante, dada la especial trascendencia social, jurídica y humana de la adopción internacional, el CES Vasco considera necesario reforzar determinados aspectos relacionados con la transparencia, el control público, la participación social y el acompañamiento especializado de las personas menores y las familias adoptantes.

Entre otras cuestiones, el CES Vasco considera esencial la preparación de las familias para evitar procesos de exclusión y que las personas menores adoptadas puedan sufrir discriminación racial, conflictos identitarios y pérdida de referentes culturales. De ahí que se propone una formación previa focalizada en la interculturalidad, la identidad étnica y racial, la prevención del racismo y el mantenimiento de los vínculos culturales de origen.

Adicionalmente, el Consejo plantea reforzar el sistema de control, inspección y seguimiento por parte del Gobierno Vasco respecto a la tramitación de los expedientes, incluyendo indicadores de calidad, tiempos medios de tramitación y resultados de las actuaciones inspectoras.

Respecto a la Comisión Técnica de Adopción Internacional, el CES propone que se incorporen con voz, pero sin voto, representantes de asociaciones de familias adoptantes, entidades sociales especializadas en protección de la infancia, personas expertas en adopción internacional y profesionales especializados en trauma infantil y diversidad cultural.

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Durante su intervención, el equipo responsable de elaborar las previsiones económicas del Ejecutivo estructuró el análisis en tres grandes bloques. En primer lugar, examinaron la situación de Euskadi en el marco estatal y europeo, donde destacaron la solidez de sus indicadores de riqueza y bienestar.

A continuación, analizaron el comportamiento de la actividad económica durante los primeros meses de 2026, un periodo caracterizado por la estabilidad, aunque condicionado por una desaceleración global y la incertidumbre geopolítica. Por último, expusieron las previsiones para los próximos meses, las cuales se verán influenciadas por el impacto del conflicto en Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre”, elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. En su respuesta, –y ante la necesidad y urgencia requerida–, el Consejo considera oportuna la tramitación, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones efectuadas para su modificación, especialmente, las recogidas en las Consideraciones Generales.

La norma tiene por objeto regular la organización y el desarrollo de las actividades infantiles y juveniles de ocio educativo y de educación en el tiempo libre que se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esto es: acampada, acampada itinerante o ruta, campos de voluntariado, colonias o colonias abiertas.

El CES Vasco valora positivamente la iniciativa normativa, en la medida en que supone una actualización del marco regulador vigente y una adaptación a las nuevas realidades sociales, educativas y organizativas del sector. Asimismo, considera relevante el objetivo de reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, así como avanzar en la mejora de la calidad y seguridad de las actividades reguladas.
No obstante, en opinión del Consejo el texto no aborda con la suficiente y necesaria profundidad varias cuestiones relevantes para su correcto desarrollo, y además necesita clarificar ciertos aspectos.

En relación con los requisitos previstos en el Proyecto de Decreto, pese a que en su exposición de motivos plantea como objetivo la clarificación y simplificación de las obligaciones existentes, sin embargo, del análisis del texto se desprende que las medidas propuestas no contribuyen a dicha simplificación, sino que, en la práctica, suponen un incremento de la carga administrativa y de los requisitos exigidos a las entidades y grupos.

En este sentido, el Consejo valora la trayectoria y el papel social desempeñado históricamente por estas entidades en Euskadi y advierte de que la incorporación de nuevos procedimientos y obligaciones puede generar dificultades adicionales, especialmente por la necesidad de dedicar más tiempo y disponer de conocimientos técnicos específicos. Por ello, se propone clarificar los requisitos, establecer mecanismos que faciliten su cumplimiento, implantar una herramienta común para los tres territorios históricos y garantizar canales de atención accesibles y personas de referencia para acompañar y dar respuesta a las necesidades de estas entidades.

Respecto a la normalización lingüística prevista, el Consejo comparte el objetivo de promover y garantizar los derechos lingüísticos de las personas participantes. Sin embargo, considera necesario clarificar el alcance jurídico de la obligación relativa a las competencias lingüísticas del personal de las entidades de ocio educativo y tiempo libre, ya que el decreto regula una actividad que se desarrolla tanto en régimen de libre iniciativa empresarial como de iniciativa pública y de iniciativa social.

Además, se señala que el texto no concreta qué nivel de competencia lingüística resulta exigible, ni a qué perfiles afecta, ni tampoco establece mecanismos de acreditación o verificación. La ausencia de concreción normativa genera una relevante incertidumbre jurídica, especialmente teniendo en cuenta el régimen sancionador aplicable. Por ello, el Consejo considera necesario aclarar expresamente qué se entiende por competencias lingüísticas en ambos idiomas cooficiales de la CAE, y si constituyen un requisito habilitante para el inicio y mantenimiento de la actividad.

En materia de igualdad y prevención de las violencias machistas, el CES vasco valora positivamente la incorporación de estos principios en el Proyecto de Decreto, aunque considera que la redacción actual de los artículos 5 y 17 presenta un carácter excesivamente genérico, lo que dificulta su aplicación efectiva, supervisión y exigibilidad.

De ahí que propone reforzar el contenido del artículo 5 mediante referencias expresas a la coeducación, la obligación de formación específica del personal, el uso de materiales y dinámicas no sexistas y la prevención de estereotipos. Asimismo, se recomienda concretar qué sujetos están obligados a aplicar estas medidas y prever instrumentos mínimos de acreditación o evaluación de su cumplimiento.

Respecto a los protocolos contra la violencia machista, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo previstos en el artículo 17, el Consejo considera necesario concretar su carácter obligatorio, sus contenidos mínimos, las personas responsables o referentes, la formación específica del personal y los mecanismos de coordinación con familias, servicios públicos y autoridad competente. Esta mayor concreción se alinea con el enfoque preventivo y de diligencia debida.

Para finalizar, el CES Vasco sugiere abordar con suficiencia medidas o una regulación que contemple la participación de personas con discapacidad en las posibles y diversas actividades, en cuyo caso los requisitos exigidos a las entidades pueden y deben cambiar; y concretar adecuadamente los requisitos formativos exigidos al personal que participa en las actividades.

Sobre el Consejo Económico y Social Vasco 

El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.

Dictamen 3/26

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo”, elaborado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, con las consideraciones efectuadas para su modificación.

La norma tiene por objeto regular los programas de subvenciones y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad que podrá otorgar el Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, con la finalidad de promover el acompañamiento y acceso a la actividad laboral estable y de calidad, así como el mantenimiento en el empleo de las mismas. Asimismo, es objeto de este Decreto la regulación del Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo (CEE).

El proyecto de decreto tiene como finalidad adaptar la regulación de los programas y servicios de empleabilidad de las personas con discapacidad en Euskadi a la normativa posterior al Decreto 152/2023, al que viene a sustituir. Además, introduce ajustes orientados a mejorar la operativa, la gestión de las ayudas y la asignación de recursos. No supone una regulación novedosa en cuanto a la tipología de programas, manteniéndose vigentes las consideraciones ya realizadas por el Consejo al Decreto 152/2023.

La norma persigue fomentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad, con los apoyos necesarios para el acceso, mantenimiento y retorno al empleo, lo que se valora positivamente. No obstante, el CES considera que se pierde la oportunidad de profundizar en el análisis de los mecanismos existentes para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, incluido el empleo protegido.

En este sentido, se reconoce la labor de los CEE como instrumentos de integración, pero se subraya su función como pasarela desde el mercado de trabajo protegido al mercado ordinario. De ahí que el CES Vasco subraya la necesidad de articular todos los mecanismos necesarios para garantizar la transición al empleo ordinario de todas las personas con discapacidad, desde los CEE y las empresas acogidas a programas, de forma que todos los agentes implicados deben dar pasos para mejorar los resultados de este tránsito.

El texto limita las subvenciones al empleo ordinario a la contratación y a la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras, lo que se considera insuficiente a la luz de los mandatos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, se propone ampliar las líneas de actuación mediante ayudas a programas de prácticas mediante becas dirigidas al alumnado con discapacidad de FP y Universidad; ayudas a programas experimentales que favorezcan la inclusión laboral en el mercado de trabajo ordinario —como la flexibilidad o el teletrabajo— y, en tercer lugar, una línea específica de apoyo al empleo autónomo de las personas con discapacidad.

Asimismo, el Consejo considera que atendiendo a la excepcionalidad del colectivo se debe favorecer la contratación a jornada completa y apunta también la importancia de que las subvenciones dirigidas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los CEE estén condicionadas al cumplimiento de estándares de calidad en el empleo, definidos como estabilidad contractual, condiciones salariales y cumplimiento del convenio colectivo.

El Consejo insiste en la necesidad de avanzar en la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación colectiva en todas las modalidades de empleo, así como en la necesidad de evaluar los resultados de estas políticas. Para ello, se propone incorporar un sistema de información y estadísticas que permita medir avances en inclusión laboral con datos desagregados, así como realizar seguimiento del cumplimiento de la cuota de reserva de las personas trabajadoras en situación de discapacidad, de las sanciones por incumplimiento de esta cuota, así como el número de empresas que cumplen las cuotas de reserva a través de medidas alternativas.

Finalmente el CES considera adecuado concentrar e incrementar los incentivos en la contratación de las personas que, por tener mayor grado de discapacidad o determinados tipos, presentan mayores dificultades de inserción laboral.

El Consejo lleva a cabo además una serie de consideraciones específicas al texto, entre otras la relativa a la defición de persona con discapacidad. En este sentido el CES Vasco considera que teniendo en cuenta la normativa estatal de base, se podría mejorar la caracterización/clasificación de las personas con discapacidad en función del tipo de discapacidad que presentan, para concluir que por ello tienen o no mayores dificultades de inserción laboral, y que esta dificultad debería vincularse especialmente al porcentaje de discapacidad.

Sobre el Consejo Económico y Social Vasco 

El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.

Dictamen 2/26

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El Consejo Económico y Social (CES) Vasco recibirá el próximo día 29, en su sede de Bilbao, a una delegación del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESER) de Nueva Aquitania. Este encuentro se produce en el marco del acuerdo de cooperación bilateral que ambas instituciones mantienen desde hace más de dos décadas para abordar desafíos comunes a ambos territorios.

El foro será inaugurado por Javier Muñecas, presidente del CES Vasco, junto a Yves Jean, presidente del CESER de Nueva Aquitania, y se centrará en la colaboración entre los territorios en ámbitos estratégicos como la ciencia, la tecnología y la innovación.

El programa de la jornada incluye dos conferencias. La primera corresponderá a Leyre Azcona, directora general de la Eurorregión Nueva Aquitania – Euskadi – Navarra, que abordará precisamente la importancia de la colaboración transfronteriza en materia de ciencia, tecnología e innovación, tomando como referencia la Eurorregión Nueva Aquitania – Euskadi – Navarra.

A continuación, tomará la palabra –de forma telemática– Laurent Simon, consejero del CESER de Nueva Aquitania y miembro de la sección “Observación y prospectiva” para ahondar en los retos que plantea la inteligencia artificial en los procesos de transformación económica y social. La jornada se cerrará con un espacio para las preguntas y el diálogo, favoreciendo el intercambio de perspectivas en torno a los retos compartidos y las oportunidades de colaboración.

Sobre el Consejo Económico y Social Vasco 

El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.

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La comisión redactora ya ha celebrado dos reuniones –el 21 de enero y el 24 de marzo–, en las que se han definido varios capítulos de esta publicación esencial para comprender en profundidad la realidad económica y social de Euskadi durante 2025.

Y es que, la Memoria Socioeconómica del CES ofrece anualmente una visión panorámica de los principales datos socioeconómicos de nuestra Comunidad Autónoma, en todos los ámbitos de interés para la ciudadanía (sistema de salud, protección social, mercado de trabajo, cuentas públicas, medioambiente, ciencia e investigación, etc..)

Más allá de ser una exhaustiva compilación de datos oficiales, el documento aporta un análisis contextualizado de su evolución temporal. Esta perspectiva a largo plazo resulta fundamental para la planificación estratégica y la toma de decisiones.

El valor diferencial de la Memoria reside en las consideraciones surgidas del consenso entre los agentes sociales y económicos que integran el CES Vasco. Este proceso de deliberación constructiva otorga al documento una dimensión práctica, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para que responsables políticos y la ciudadanía en general dispongan de una base sólida para la reflexión y la acción.

Memorias publicadas

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El pleno del 16 de marzo del Consejo Económico y Social Vasco aprobó un Dictamen sobre la reformulación que propone el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación – Euskadi 2030. El documento recoge la actualización del PCTI Euskadi 2030, con el objetivo de adaptarlo a la situación actual y los retos a los que debe hacer frente la sociedad vasca a medio y largo plazo.

En su respuesta, el Consejo estima que la reformulación del PCTI – Euskadi 2030 resulta oportuna, ya que constituye una oportunidad para consolidar el posicionamiento competitivo de Euskadi en el nuevo contexto europeo, y considera resaltable y positivo que se integre en una estrategia global de país basada en el modelo de “Desarrollo Humano Sostenible”. El informe identifica, además, diversos aspectos de mejora orientados a reforzar su eficacia, su capacidad de ejecución y su impacto tanto en la competitividad empresarial e industrial, como en su propósito de mejora de la sociedad vasca en su conjunto.

Entre las principales recomendaciones del CES Vasco destaca la necesidad de reforzar la centralidad de la empresa, especialmente de la pyme industrial, como sujeto prioritario de la política de I+D+i. El Consejo señala que el tejido productivo vasco está formado mayoritariamente por pymes industriales que constituyen la base de las cadenas de valor y considera necesario incorporar un desarrollo específico orientado a impulsar su participación, liderazgo y escalado en el sistema de innovación.

El Consejo constata que la ampliación del perímetro del Plan  enriquece su enfoque, pero también conlleva un riesgo de dispersión. Por ello, el informe subraya la importancia de homogeneizar el nivel de concreción de las distintas líneas estratégicas del Plan y garantizar una adecuada priorización y concentración de recursos. Estima, de hecho, el Consejo que algunas líneas presentan un elevado grado de desarrollo mientras que otras mantienen un carácter más descriptivo, lo que puede generar riesgo de dispersión si no se establecen mecanismos claros de concreción y priorización.

En relación con los denominados “Faros de Innovación”, el Consejo considera que pueden convertirse en auténticas misiones industriales si cuentan con financiación suficiente y plurianual, integran de forma efectiva a toda la cadena de valor y aseguran la participación de empresas tractoras y proveedores. Asimismo, propone reforzar instrumentos como la compra pública innovadora y establecer indicadores medibles de impacto industrial.

Otra de las recomendaciones del dictamen se refiere a la necesidad de reforzar el vínculo entre ciencia e industria y favorecer el escalado industrial. El CES Vasco plantea impulsar programas puente entre investigación avanzada y aplicación industrial, así como medir de forma sistemática la absorción empresarial del conocimiento generado en el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación.

El Consejo también propone asegurar una mayor estabilidad, previsibilidad y coherencia del marco instrumental del Plan, de modo que las empresas dispongan de calendarios claros, compatibilidad entre instrumentos (subvención y fiscalidad) y una simplificación efectiva en la gestión administrativa.

Talento altamente cualificado

Uno de los objetivos estratégicos del PCTI es aumentar la base de talento altamente cualificado para reforzar las capacidades científicas, tecnológicas y profesionales que requiere la triple transición. En este sentido, el CES Vasco considera necesario garantizar una financiación adecuada de la universidad pública y plantea concretar mejor algunas iniciativas recogidas en el Plan, como el Campus Atlántico o el Centro de Estudios Avanzados, especificando su configuración, gobernanza, ámbitos de conocimiento y mecanismos de colaboración con las universidades vascas.

El dictamen incorpora además consideraciones sobre el impulso de la diversidad lingüística en la comunidad científica, proponiendo reforzar los recursos para facilitar el aprendizaje del euskera al personal investigador y garantizar que la implantación de las medidas no resulte excluyente.

Reforzar el sentido comunitario

El Consejo plantea introducir mejoras para reforzar aspectos como la lucha contra la polarización, la desinformación o las desigualdades sociales, así como incorporar indicadores específicos y contemplar el diálogo social con los agentes sociales en los procesos de elaboración de políticas públicas basadas en conocimiento experto.

El CES Vasco valora positivamente la reformulación del PCTI Euskadi 2030, pero apunta que el éxito dependerá de su capacidad para concretar las líneas estratégicas, concentrar recursos, reforzar el protagonismo empresarial y traducir los instrumentos previstos en un impacto real sobre la productividad, el empleo cualificado y el crecimiento empresarial, todo ello con el objetivo compartido de fortalecer la competitividad del tejido productivo vasco y contribuir al desarrollo económico sostenible de Euskadi.

Sobre el Consejo Económico y Social Vasco 

El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.

(Ver dictamen 1/26)

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