El Consejo de Gobierno celebrado el 28 de octubre aprobó el Proyecto de Presupuestos para 2026, que asciende a 16.378 M€, un 4,1% más que el año pasado. Más de la mitad de ese importe, el 53%, se destinará a Salud y Educación. Antes de su aprobación definitiva el Consejero de Hacienda y Finanzas está presentando el documento a agentes y entidades.

Aunque el proyecto de presupuestos no es objeto de dictamen por parte del CES, el Consejo debe ser informado de su contenido. En ese sentido, la presentación del proyecto al Pleno de la Institución por parte del Consejero de Hacienda y Finanzas es una buena práctica institucional, ya que va más allá del mero trámite informativo.

“Es un ejercicio de transparencia para con los agentes sociales y económicos de Euskadi porque les ofrece la oportunidad de intercambiar impresiones y conocer los detalles que están detrás de cada partida, de las decisiones que conducen a un documento de vital importancia para toda la ciudadanía», ha subrayado el presidente del CES Vasco Javier Muñecas.

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La consejera de bienestar, juventud y reto demográfico, Nerea Melgosa, ha comparecido el 16 de octubre de 2025 ante el Pleno del CES para explicar el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento para las ayudas de emergencia social. La comparecencia ha tenido lugar dentro del proceso de elaboración del dictamen por parte del Consejo. La consejera ha estado acompañada en el acto por la directora de ayuda para la vida plena Marian Olabarrieta y la directora de Promoción del Tercer Sector Social y la Acción Comunitaria, Itziar De la Peña.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de entidades de asesoramiento a las explotaciones agrarias, su reconocimiento y registro”, trasladado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta en la tramitación del proyecto de Decreto.

El objeto de esta norma es regular el servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el régimen de las entidades que van a prestarlo, su reconocimiento y registro.

Este nuevo decreto viene a sustituir el Decreto 272/2006, de 26 de diciembre, de entidades de asesoramiento a explotaciones agrarias, debido a los cambios producidos en la Política Agrícola Común (PAC) europea, por los que se ha aprobado el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, que establece normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común. Así, se plantea este nuevo decreto que regula el sistema de asesoramiento a las explotaciones agrícolas adaptando los cambios normativos introducidos por el nuevo Plan Estratégico de la PAC a las demandas sociales y a la acción proactiva de las Administraciones agrarias vascas.

El CES Vasco estima que se trata de una norma oportuna, pero expone la preocupación general por la problemática del sector. Por tal motivo, era necesaria una profunda reflexión previa sobre la dimensión del problema, barajándose desde la Administración Pública distintas alternativas para dar respuesta a la problemática existente. En la presente norma se ha optado por una configuración de las entidades de asesoramiento que, en opinión del Consejo, puede no ser la más idónea. Las razones tienen que ver con los requisitos para obtener el reconocimiento como entidad de asesoramiento y con la subcontratación, por parte de las entidades de asesoramiento reconocidas, de alguno o varios de los servicios de asesoramiento.

Concretamente, los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento como entidad de asesoramiento determinan en la práctica que estas necesariamente deban ser grandes entidades, por lo que es previsible que sean muy pocas las que consigan obtener el reconocimiento de la CAPV. Eso puede derivar en la exclusión de entidades capacitadas desde el punto técnico pero que no puedan cumplir todos los requisitos exigidos.

Además, en la norma se dice que las entidades seleccionadas podrán subcontratar a entidades no reconocidas alguno o varios de los servicios de asesoramiento, hasta el 40% de su facturación anual. A estas entidades subcontratadas se les exige compromiso de imparcialidad, integridad e independencia mediante una declaración responsable.

El Consejo estima que puede suponer un agravio comparativo que a las entidades subcontratadas no se les exija el cumplimiento de los requisitos necesarios para convertirse en entidad de asesoramiento y, además, tanto la Memoria de procedimiento como la Memoria de impacto normativo exponen que la subcontratación debe ser residual, por lo que el porcentaje de subcontratación permitido puede no corresponderse con este objetivo.

Por último, en la Disposición Transitoria Primera se fija un plazo máximo de 3 meses para que las entidades de asesoramiento existentes actualmente en el Registro vasco cumplan con las exigencias establecidas en el Proyecto de Decreto. Teniendo en cuenta el grado de exigencia de las mismas este periodo puede ser demasiado corto.

(Ver Dictamen 12/25 completo)

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto que aprueba el Reglamento del Canon de Energías Renovables”, trasladado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta en la tramitación del proyecto de Decreto.

El objeto de esta norma es desarrollar reglamentariamente la Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático, en lo relativo al Canon de Energías Renovables, y así dotar de claridad y seguridad jurídica la aplicación del Canon. Es destacable que el presente Decreto garantice que la recaudación obtenida se destine a actuaciones de conservación de la naturaleza, de eficiencia energética y adaptación al cambio climático en las zonas afectadas, así como en el resto de Euskadi.

Además, en su articulado se recoge la regulación del sistema de autoliquidación y la creación del Registro de Parques Eólicos y Fotovoltaicos, que hasta ahora no habían tenido desarrollo normativo y que resultan fundamentales para garantizar una gestión eficiente. De igual manera, el Consejo considera positivo que los trámites solo puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, en la medida en que esto supone un avance respecto a la modernización administrativa, eficiencia y simplificación.

Sin embargo, el Consejo introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado, particularmente referidas a la claridad del leguaje legislativo y el destino de los fondos provenientes del Canon.

Así, el CES Vasco estima que, si el texto incorporase de manera explícita determinados preceptos esenciales de la Ley 1/2024, su lectura sería más comprensible y se facilitaría la interpretación de su contenido a cualquier persona o entidad afectada, que no tiene por qué poseer conocimientos jurídicos especializados.

En lo que se refiere a las actuaciones que se financiarán con los ingresos del Canon, el Consejo considera que sería conveniente diferenciar la promoción del uso racional de la energía para aumentar la eficiencia, por un lado, y la adaptación del territorio a las consecuencias del cambio climático, por otro, puesto que el articulado posterior así lo diferencia.

EL CES Vasco estima conveniente incluir medidas dirigidas al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en sostenibilidad energética por parte de los promotores de instalaciones de renovables, así como otras iniciativas relacionadas con el apoyo al autoconsumo, el desarrollo de proyectos industriales y sistemas de almacenamiento de energía, proyectos de adaptación de infraestructuras a fenómenos climáticos extremos, iniciativas de educación ambiental y de sensibilización, y otras relacionadas con el apoyo a la sostenibilidad en el ámbito rural.

Además, el órgano consultivo estima que es necesario aclarar los criterios empleados para considerar que una determinada zona se encuentra “afectada” por la implantación de las instalaciones de energías renovables.

En general, el CES Vasco piensa que el Reglamento debería ser más concreto en lo referido a que la recaudación del Canon redunde en beneficios para los habitantes de los territorios afectados por las instalaciones de energías renovables, potenciando las oportunidades y beneficios de la transición ecológica, la rehabilitación energética de viviendas y edificios, el autoconsumo y la cobertura de las necesidades sociales. Además, el órgano consultivo estima que debería primarse que estos fondos se destinen a actuaciones de reposición y restauración, mientras que el resto de las iniciativas podrían financiarse mediante otras partidas de los Presupuestos Generales de la CAE.

(Ver Dictamen 11/25 completo)

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El 10 de septiembre se ha celebrado el curso de verano “Memoria Socioeconómica del CES Vasco 2024” en el Palacio Miramar de Donostia. Javier Muñecas Herreras, Presidente del Consejo Económico y Social Vasco (CES/EGAB), ha sido el Director de este encuentro, en el que se ha dado a conocer el contenido de la “Memoria Socioeconómica de la CAPV 2024”.

Cada año el CES/EGAB elabora este documento en el que se expone la visión compartida por las organizaciones sindicales, empresariales y otras entidades de la sociedad civil que lo integran sobre la situación socioeconómica de Euskadi. Con este curso se pretende divulgar la Memoria Socioeconómica, así como el trabajo del CES Vasco en general con el propósito de ampliar los espacios de encuentro del órgano consultivo con la sociedad.

El curso ha comenzado con una apertura institucional de la mano del Presidente del CES/EGAB, Javier Muñecas, la Consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco

Nerea Melgosa, y Bakartxo Tejeria, Presidenta del Parlamento Vasco.

Posteriormente Jon Barrutia Guenaga, Catedrático de la UPV-EHU y Presidente Comisión Memoria Socioeconómica del CES Vasco, ha ofrecido una presentación del documento tras la que se ha llevado a cabo una mesa redonda sobre los temas que se tratan en la Memoria Socioeconómica, moderada por Joseba Madariaga, Catedrático del Departamento de Finanzas y Economía de la Facultad de CC EE y Empresariales de la Universidad de Deusto. En ella han intervenido Arantxa Elizondo, profesora del del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco; Arantza Ugidos, profesora en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco; y Marisa Arriola, Directora gerente en BIC Gipuzkoa.

Por último, el Director General de Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad) y Profesor de Deusto Business School James Wilson, ha ofrecido un conferencia magistral sobre la competitividad y bienestar de Euskadi frente al cambiante contexto global.

Memoria Socioeconómica de la CAPV 2024

El CES Vasco elabora la Memoria Socioeconómica de Euskadi cada año, y en ella se repasan los principales indicadores sociales y económicos. Al estar el órgano consultivo conformado por organizaciones sindicales, empresariales y otras entidades de la sociedad civil su visión de la realidad socioeconómica vasca refleja una percepción apegada a la ciudadanía y a los intereses e inquietudes de la sociedad en general.

En la Memoria el CES Vasco expone los retos socioeconómicos de Euskadi, así como consideraciones y recomendaciones derivadas del análisis efectuado de la situación socioeconómica del territorio.

Entre sus principales conclusiones, el CES Vasco muestra preocupación por la inflación, que provoca que el precio de los productos más básicos continúe aumentando. Sin embargo, a pesar de las tensiones geopolíticas internacionales y las polémicas arancelarias, en 2024 los grandes agregados económicos han mostrado tasas de variación interanual positivas en Euskadi, con un crecimiento del 2,2% del PIB. Pese a estos datos, la actividad económica de la CAPV muestra una ralentización en su crecimiento.

Otro aspecto a destacar es la situación demográfica, determinada por la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población. En este sentido, el órgano consultivo considera que es necesario acelerar la aplicación de la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico, además de optimizar la estructura de atención sanitaria para dar respuesta a una población con medias de edad cada vez mayores.

También en el aspecto sanitario es necesario subrayar la prevalencia de los trastornos mentales y de comportamiento, con tasas de consumo de psicoactivos, autolesiones y suicidios en aumento. Para paliar esta situación, especialmente preocupante entre los más jóvenes, urge adoptar medidas específicas en materia de salud y prevención.

La evolución del empleo y las relaciones laborales ha sido positiva, aunque el empleo ha crecido menos y el paro se ha visto reducido en menor proporción que en 2023. Además, la generación de puestos de trabajo se ha fundamentado sobre todo en el sector Servicios, mientras que la Industria queda relegada a un segundo plano, lo cual es un aspecto que debería ser abordado. Asimismo, el despliegue de la transición ecológica-energética hace necesario desarrollar planes de formación y recualificación que aminoren la pérdida de puestos de trabajo en ciertos sectores, además de permitir aprovechar la oportunidad de creación de empleo en nichos como la energía renovable, la rehabilitación energética de viviendas, la movilidad sostenible o la gestión de residuos. De igual manera, las políticas activas de empleo deben esforzarse en la inserción de los colectivos con mayores dificultades, así como en reducir la brecha de género. Además, los datos sobre la siniestralidad laboral registrados en 2024 revelan la urgencia de reforzar la prevención de riesgos.

El acceso a la vivienda sigue siendo un reto estructural, aunque en 2024 se ha experimentado una recuperación de la actividad, con tasas positivas tanto en construcción como en compraventa. La realidad es que los precios continúan incrementándose y la oferta de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente, por lo que el CES Vasco valora las iniciativas como el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi y del Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, ya que pueden promover una colaboración público-privada útil para ajustar las políticas de vivienda. De igual manera, la introducción de la figura de las “zonas tensionadas” como herramienta para la corrección de los desequilibrios de precios puede ser una herramienta muy eficaz.

Euskadi debería elevar el porcentaje de pymes innovadoras e incrementar la inversión en actividades para la innovación, ya que el impacto económico de la innovación en el empleo y en las ventas es menor que el que registra la media europea. Además, el impacto de la IA requiere de atención e inversiones, ya que puede ser una herramienta indispensable para la mejora de la competitividad y también para responder a los desafíos digitales, medioambientales y sociales que enfrenta Euskadi.

De igual manera, la protección social en Euskadi durante 2024 ha mantenido o incrementado las coberturas (RGI), pero el órgano consultivo considera necesario aumentar el reconocimiento social y económico de los trabajos relacionados con el cuidado, tanto en las familias como en los trabajos profesionalizados. Por otro lado, es preocupante el saldo deficitario de las pensiones, provocado por el envejecimiento progresivo de la población.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de las familias monoparentales”, trasladado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta en la tramitación del proyecto de Decreto.

El objeto de esta norma es dotar a las familias monoparentales y a las familias en situación de monoparentalidad de un régimen y estatus propio, que permita desarrollar medidas específicas de protección para este tipo de familias.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias reconoce la necesidad de protección de las familias monoparentales por ser especialmente vulnerables. Además, como ocho de cada diez familias monoparentales están encabezadas por una mujer, también experimentan discriminación por razón de sexo. En el mismo sentido, el Ararteko en su informe extraordinario “Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas” recomendó al Gobierno Vasco impulsar un marco normativo para las familias monoparentales. También hay que tener en cuenta que este modelo de convivencia es uno de los que mayores cambios y crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos.

Por todo ello, el CES Vasco valora positivamente la finalidad del presente Decreto, por entender que este tipo de familias necesitan una especial protección, al estar más expuestas al riesgo de pobreza, las dificultades para la conciliación y las situaciones de exclusión social. Sin embargo, el Consejo introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

En general, el órgano consultivo considera que sería recomendable que los requisitos exigidos y la documentación necesaria para acreditar la monoparentalidad sean más asequibles y simplificados, a fin de que estas familias accedan más fácilmente a la categoría de especial protección definida.

Considerando que el 80% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres sugerimos enfatizar esa realidad explicitándola a la norma, para reforzar la visibilidad de este colectivo.

En el texto se distingue entre “familias monoparentales” y “familias en situación de monoparentalidad”, teniendo en cuenta para este segundo tipo los ingresos económicos, lo cual puede ser discriminatorio ya que supone establecer criterios adicionales. Todas situaciones monoparentales deben ser protegidas, y tan solo deberían incorporarse criterios económicos cuando se regule la concesión de ayudas para estas familias.

Entre las familias que se encuentran en situación de monoparentalidad debería incluirse el supuesto en que la madre sea víctima de violencia sexual, lo mismo que se recoge el supuesto de haber sido víctima de violencia de género por parte de la otra persona progenitora. También recomendamos incluir el supuesto en que la persona progenitora acredite su situación como víctima de trata de seres humanos.

El Decreto exige documentación que muchas familias migrantes no pueden obtener, por lo que el órgano consultivo propone que se facilite la acreditación mediante declaración responsable o informes de servicios sociales. Con la actual redacción, se corre el riesgo de excluir a las personas solicitantes de asilo, víctimas de trata o mujeres extranjeras en proceso de regularización, dado que se exige un año de empadronamiento, por lo que recomendamos eximir de este requisito a las personas con protección subsidiaria o en situación de especial vulnerabilidad.

Por último, consideramos que las siguientes circunstancias deberían incluirse como parte de la tipología de familias en situación de monoparentalidad: aquellas familias en las que sobre una de las personas progenitoras convivientes recaiga una pena privativa de libertad que implique ingreso en prisión por un periodo de tiempo igual o superior a un año, y cuando la persona progenitora deba permanecer ingresada en un centro hospitalario o de tratamiento, con una previsión médica de un periodo igual o superior a un año, junto con las personas dependientes de esta.

(Ver dictamen 10/25)

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El CES Vasco valora positivamente que esta iniciativa se alinee con los principios de la economía circular, definiendo claramente los usos permitidos de los áridos secundarios derivados de la valorización de escorias según los estándares técnicos, medioambientales y de seguridad.

El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico aplicable a las actividades de valorización de escorias procedentes de la valorización energética de residuos de la CAPV, para su posterior utilización como árido secundario”, trasladado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta en la tramitación del proyecto de Decreto.

El objeto de esta norma es establecer los criterios para determinar cuándo las escorias procedentes de la valorización energética de residuos de la CAPV dejan de ser consideradas residuos, para su posterior utilización como árido secundario, conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Por un lado, las escorias procedentes de la valorización energética de residuos se consideran como una corriente prioritaria de residuos a nivel europeo y también en Euskadi, dado su volumen de generación y el potencial de valorización de los recursos que contienen. Así, en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030 se plantean los objetivos de reducir en un 30% la tasa de generación de residuos totales, aumentar la recogida selectiva de los residuos urbanos hasta un 85%, reutilizar el 85% de los residuos no peligrosos convirtiéndolos en materiales secundarios, y reducir a menos del 15% la eliminación en vertederos. En este sentido, los residuos de escorias procedentes de la valorización energética se encuentran entre las diez corrientes de residuos no peligrosos cuya valorización aportaría mayor volumen de productos recuperados a los objetivos del citado Plan.

Si bien la valorización energética es la cuarta prioridad según la normativa europea en cuanto al tratamiento de residuos, tras la prevención, la reutilización y el reciclaje, constituye una mejor alternativa que la eliminación, y aumentar sus tasas contribuiría tanto a disminuir la dependencia de las importaciones o la extracción de materias primas, como a minimizar los residuos que acaban en vertederos y a reducir emisiones, fomentando de esta manera el sector del reciclaje y el mercado de productos circulares.

El CES Vasco valora positivamente la finalidad del presente Decreto, y considera también que la presente norma puede constituirse en un referente adecuado para futuras regulaciones sobre otros tipos de escorias con características y condiciones similares. En este sentido, su enfoque técnico y criterios de aplicación podrían servir como base para una armonización normativa más amplia y coherente en el tratamiento de este tipo de materiales.

El CES Vasco también aprecia que la iniciativa consigue definir con claridad los usos permitidos de los áridos secundarios derivados de la valorización de escorias, alineándolos con los altos estándares técnicos, medioambientales y de seguridad de los sectores afectados, aunque estima que, dadas la importancia y la complejidad de la materia regulada, necesitaría un mayor esfuerzo pedagógico y explicativo.

Por otra parte, el Consejo introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

En primer lugar, sería conveniente que el procedimiento de autorización para las instalaciones de valorización de escorias se simplifique en la medida de lo posible para aquellas que ya cuenten con autorización ambiental integrada u otras licencias equivalentes.

Además, en lo referido a la elaboración de guías técnicas, se propone que se contemple algún mecanismo que garantice la participación de los agentes del sector (como las instalaciones de valorización energética, otros valorizadores de árido secundario y las entidades usuarias de esos áridos, etc.) para garantizar que los requisitos técnicos para el uso de áridos secundarios adoptados sean realistas, operativos y acordes a las necesidades y capacidades de la cadena de valor.

El Consejo también estima necesario subrayar la importancia de que las administraciones públicas otorguen prioridad al impulso de procesos innovadores y tecnologías emergentes en el ámbito de la valorización de escorias, y que para ello estudien la posibilidad de crear instrumentos específicos.

Además, el desarrollo de un marco normativo no es suficiente para la consolidación de un mercado de materiales secundarios, por lo que sería conveniente establecer mecanismos de activación de la demanda de áridos secundarios derivados de escorias, mediante contratación pública e incentivos.

También es conveniente apuntar que, si bien esta norma no puede garantizar el reconocimiento automático de los áridos secundarios valorizados en Euskadi en otras comunidades autónomas o países europeos, resultaría de especial interés que la administración vasca explorara vías complementarias para avanzar en esa dirección, tales como convenios bilaterales, participación en foros técnicos interterritoriales, alineación con marcos europeos de homologación o impulso de estándares comunes.

(Ver Dictamen 5/25)

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Plan de Industria-Euskadi 2030”, trasladado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta para que el Plan alcance su propósito.

Este propósito es proponer una hoja de ruta para la transformación industrial de Euskadi, que consolide un modelo industrial más sostenible, digitalizado, competitivo y que, como consecuencia, contribuya a generar unas condiciones que permitan la creación de empleo de calidad, el mantenimiento de unos servicios públicos sólidos y el desarrollo de unas políticas sociales que faciliten la distribución justa de la riqueza.

Es conocido que la economía de Euskadi está basada en un tejido empresarial resiliente y diversificado, y que el territorio cuenta con una amplia tradición industrial, que ha sido el eje clave y transversal del desarrollo económico, impulsando el empleo, la innovación y la competitividad.

El Plan de Industria Euskadi 2030 viene a suceder al anterior “Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024”, y ha sido diseñado en un momento de crecimiento económico y del empleo, favorecido por la gestión política aplicada y el impacto de los fondos europeos, a pesar de la incertidumbre geopolítica existente.

Además, se alinea con los grandes objetivos europeos, especialmente con los detallados el Clean Industrial Deal, que abogan por la reindustrialización de Europa. En la actualidad, tanto la transición energética como la transformación digital constituyen los mayores retos económicos y sociales a los que se enfrenta el continente, y ponen de relieve la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica, para reducir la dependencia de terceros países en sectores clave, la competitividad de la industria respecto a la de otros territorios, y combatir los efectos de la deslocalización.

La gobernanza del Plan se estructura a través de un sistema pionero compuesto por el Consejo Vasco de Industria, un Comité Estratégico y una Oficina de Gestión Técnica a cargo del grupo SPRI, con participación activa de los 17 clústeres industriales y la alianza BRTA.

Además, es reseñable que el “Plan de Industria-Euskadi 2030” incorpora una dimensión financiera sin precedentes, tanto en el volumen de fondos movilizados (prácticamente 16.000 millones de euros entre inversiones públicas y privadas), como por la creación de una Alianza Financiera Vasca, lo cual evidencia una voluntad y un compromiso claros. Además, el recurso al endeudamiento como palanca para arraigar empresas y fomentar el crecimiento refleja una visión decidida.

El CES Vasco considera que la finalidad del “Plan de Industria-Euskadi 2030” es adecuada y necesaria, pero introduce algunas consideraciones y propuestas de mejora que deberían tenerse en cuenta para que se cumplan los objetivos propuestos.

En primer lugar, el CES alude a la importancia de la participación de los agentes sociales en los Planes de Industria, señalando que la elaboración de este no ha contado hasta el momento con un proceso efectivo de consulta y participación de la intensidad conveniente. Considera además necesario que se haga partícipe a la Mesa de Diálogo Social en la ejecución y el desarrollo del Plan, lo mismo que en el seguimiento de su impacto en el mantenimiento y la calidad del empleo.

El Consejo estima, asimismo, que el Plan carece de dos elementos esenciales. En primer lugar, convendría incluir en él una evaluación completa del anterior Plan cuatrienal de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024. En segundo lugar, en el texto se identifica empleo industrial con empleo de calidad, estableciendo entre estos dos conceptos un paralelismo automático, pero la realidad es muy diversa y no todo el empleo generado en el sector industrial es necesariamente de calidad. En este sentido, se debería impulsar la formación de las actuales personas trabajadoras para su adaptación a los nuevos procesos productivos.

Por otra parte, el Consejo detecta varios ámbitos de mejora en el “Plan de Industria-Euskadi 2030”. En primer lugar, el diagnóstico de la situación de la industria vasca resulta incompleto, ya que se centra más en sus logros y fortalezas que en las debilidades y posibles amenazas.

De igual manera, se echa de menos en el Plan un mayor protagonismo de las pymes de menos de 20 personas trabajadoras, habida cuenta de su fuerte presencia en el tejido industrial de Euskadi, así como una explicitación de los fondos destinados a este tipo de empresas. En la misma línea, el Consejo considera necesario que el Plan también se centre en realidades empresariales más proclives al arraigo en el territorio, como la empresa familiar, la economía social, etc.

Asimismo, sería conveniente que que las Diputaciones Forales promovieran planes de incentivos fiscales, para complementar el esfuerzo financiero del Gobierno Vasco. También sería positivo anticipar una reserva de suelo industrial, ya que el territorio muestra una clara carencia en este ámbito.

Tampoco se especifican en el Plan, ni en el diagnóstico ni en la toma de decisiones estratégicas, las razones por las que no hay una vitalidad adecuada en las inversiones extranjeras, lo que es imprescindible para establecer políticas que corrijan este desequilibrio.

Por último, deberían fijarse objetivos e indicadores medibles y cuantificables, puesto que sin definirlos resultará complicado valorar los avances del Plan.
(Ver Dictamen 7/25)

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales, prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, trasladado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Tras analizarlo el Consejo plantea unas consideraciones que deberían tomarse en cuenta en la tramitación del proyecto de Decreto.

El objeto de esta norma es regular el procedimiento de de concesión y el pago de la ayuda económica prevista en el artículo 41 de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía de la libertad sexual y desarrollada por el Real Decreto 664/2024, de 9 de julio, dirigida a víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas suficientes. El propósito es facilitar la autonomía económica de las víctimas, así como su recuperación integral.

Estas normas hacen necesario que se regule el procedimiento de concesión y pago de tales ayudas por parte del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, al tener atribuidas tales funciones. De esto se ocupa el presente Proyecto de Decreto, que desarrolla las normativas citadas para mejorar las condiciones de un colectivo especialmente vulnerable como es el de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencias sexuales, a fin de garantizar su autonomía económica y facilitar así su recuperación integral.

En este sentido, el CES Vasco valora positivamente la finalidad del presente Decreto, pero el Consejo introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado, ya que considera que el legislador tiene margen para mejorar las condiciones requeridas para el acceso a las ayudas, con el fin de que el número de potenciales personas beneficiarias sea mayor.

En primer lugar, es un requisito que las personas beneficiarias estén empadronadas en el momento de presentar la solicitud en cualquier municipio de la CAE. Sin embargo, pueden existir casos de víctimas de violencias sexuales que se encuentren en situación administrativa irregular, por lo que la obligatoriedad del empadronamiento limitaría su acceso a las ayudas. Por eso, el Consejo propone que las víctimas puedan acceder a las ayudas mediante la acreditación de su registro en el sistema de salud, a través de la tarjeta individual sanitaria (TIS).

El CES Vasco también considera que debe evitarse que las exigencias burocráticas puedan ser un impedimento para el acceso a las ayudas, sobre todo habida cuenta de que las víctimas suelen haber sufrido experiencias vitales muy graves. Por eso, el Consejo aboga por reducir la carga administrativa en la tramitación de las ayudas.

Otro aspecto que el órgano consultivo estima que habría que simplificarse es la tramitación para acceder de nuevo a la ayuda, cuando la víctima beneficiaria de la ayuda vuelva a sufrir violencias sexuales de manera acreditada, siempre que se cumplan con los requisitos al efecto, ya que esto puede acarrear una revictimización. Por eso sería conveniente que la Administración simplificase en la medida de lo posible los trámites requeridos para acceder de nuevo a la ayuda.

Por último, la exigencia de que el pago de la ayuda se realice en una cuenta bancaria de titularidad de la persona beneficiaria no tiene en cuenta que pueden existir casos en los que, debido a la situación irregular o de vulnerabilidad de las víctimas, estas no puedan ser titulares de cuentas bancarias, por lo que sería recomendable prever un mecanismo alternativo de pago.

Ver dictamen 9/25

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El Consejo Económico y Social Vasco ha presentado esta mañana en Bilbao la Memoria Socioeconómica de la CAPV de 2024, en una comparecencia presidida por Javier Muñecas, presidente del CES-EGAB, y Jon Barrutia, presidente de la comisión encargada de realizar el informe.

En la presentación de la memoria, los responsables del CES han ofrecido un resumen de los principales indicadores sociales y económicos del año 2024, exponiendo también las consideraciones y recomendaciones recogidas en el informe.

DEMOGRAFÍA Y SALUD

Si bien la incidencia de la inmigración permite que la población haya crecido, la situación demográfica sigue marcada por la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población. En este sentido, el CES Vasco subraya la necesidad de profundizar y acelerar la aplicación de la Estrategia 2030 para el Reto Demográfico. De igual forma, sería recomendable que, además de la percepción social sobre la migración incorporada en el Barómetro Ikuspegi, también se recogieran datos acerca de la percepción de las personas migrantes sobre su situación en Euskadi.

Aunque la población de la CAPV presenta indicadores de buena salud, como la creciente esperanza de vida, el envejecimiento supone un reto que hay que afrontar de manera decidida, sobre todo en lo que se refiere a la estructura de atención sanitaria. De hecho, la CAPV muestra una estancia media hospitalaria superior a la estatal, un porcentaje de hospitalizaciones en hospitales públicos también mayor y se registra un aumento de las consultas e intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, es oportuno reformar el Sistema Sanitario para aumentar su plantilla, así como profundizar en la incorporación de nuevas tecnologías médicas e impulsar la participación de las y los pacientes como responsables de su salud.

La prevalencia de los trastornos mentales y de comportamiento sigue siendo preocupante, con cifras cada vez mayores de consumo de psicoactivos con y sin prescripción médica, y de autolesiones y suicidios, lo cual es especialmente preocupante entre la población más joven. Por ello es urgente adoptar medidas específicas para paliar la crisis en salud mental. Ante todas estas circunstancias, el CES Vasco recomienda que el gasto público en salud debe seguir mejorando, sin descuidar la optimización de los recursos.

ECONOMÍA Y MERCADO DE TRABAJO

A pesar de la influencia del contexto internacional, marcado por las tensiones geopolíticas y las interrogantes sobre las políticas económicas y arancelarias, los grandes agregados económicos han mostrado tasas de variación interanual positivas en Euskadi. Eso sí, en 2024 la actividad económica de la CAPV muestra una ralentización en su crecimiento. En concreto, según los datos de EUSTAT el PIB de Euskadi ha registrado un crecimiento del 2,2%, inferior al 3,2% estimado para la economía estatal pero superior al 0,9% registrado en la eurozona.

Algunos indicadores económicos resultan preocupantes, como las reducciones en el crecimiento económico de sectores como Industria y energía (del 1,8% en 2023 al 1% en 2024), Construcción (del 2,6% en 2023 al 1,6% en 2024) y Servicios (del 3% en 2023 al 2,6% en 2024). También se ha registrado una ralentización de la inversión en Bienes de equipo y del Índice de ventas del comercio minorista, acompañados de una contracción de la aportación de la demanda externa al crecimiento. Las exportaciones han aumentado un 0,9% respecto a 2023, mientras que las importaciones han aumentado en un 5,1%

Ante la inestabilidad geopolítica, el órgano consultivo recomienda la adopción de medidas para reforzar la competitividad del tejido productivo. La inflación sigue estando presente y es preocupante que el precio de la cesta de la compra de los productos más básicos continúe aumentando.

En lo referente las finanzas públicas, estas mantienen su evolución positiva gracias al crecimiento de la recaudación, si bien con incrementos cada vez menores. Las inversiones reales tras un notable incremento en 2023 este año han disminuido en un 9%, lo cual es preocupante. En este sentido, es necesario aprovechar la oportunidad de los fondos europeos “Next Generation” para fortalecer los servicios esenciales y la inversión pública y privada.

Respecto al empleo y las relaciones laborales la evolución ha sido positiva, aunque el empleo ha crecido menos y el paro se ha visto reducido en menor proporción que en 2023. La creación de empleo se ha fundamentado sobre todo en el sector Servicios, mientras que la Industria arroja cifras más preocupantes. Aunque las tasas de temporalidad se han reducido, estas siguen siendo elevadas, especialmente en el sector público, donde es prácticamente un problema estructural. Respecto a la negociación colectiva, se ha alcanzado una cobertura del 95,4%, la más elevada de la década.

El CES Vasco subraya la importancia de que las políticas activas de empleo sigan enfocándose en insertar y mantener en el empleo a los colectivos con mayores dificultades, así como en reducir la brecha de género. También es imprescindible reforzar la prevención de riesgos, a la vista de los datos sobre la siniestralidad laboral registrados en 2024.

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

En el ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi es una de las regiones consideradas como de alta innovación en el Panel europeo de indicadores de innovación regional (RIS 2024), pero debe mejorar tanto en inversión en innovación como en el porcentaje de pymes que introducen innovaciones en el mercado o dentro de sus organizaciones. Además, el impacto económico de la innovación en el empleo y en las ventas es menor que la media europea.

De igual manera, la CAPV es una de las regiones europeas líderes en infraestructuras digitales, pero las empresas vascas muestran un posicionamiento más comedido en aspectos como el uso de los macrodatos, la nube, la facturación electrónica y, especialmente, en IA. Es necesario mejorar en esta ámbito, ya que es indispensable para avanzar en competitividad y poder dar respuesta efectiva a los desafíos digitales, medioambientales y sociales que enfrenta Euskadi. Alinear las políticas de I+D e innovación con las políticas de empleo y promoción profesional resulta necesario para abrir el abanico de las oportunidades laborales, sobre todo las de personas con perfiles STEAM.

MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y TRANSPORTE

En cuanto a la situación del Medio Natural y la Energía, a pesar de la sensibilización de la población con el reto del cambio climático los datos constatan que la tendencia de reducción de emisiones es menor que la establecida por la UE y por la propia CAPV en la Ley 1/2024. Como el transporte es el principal responsable del repunte de las emisiones sería necesario adoptar medidas como aumentar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, la electrificación de flotas de servicio público, el trasporte ferroviario de mercancías y la intermodalidad.

El descenso moderado en la demanda total de energía, la mejora continua de la intensidad energética y el aumento de instalaciones de energía renovable son datos positivos, sobre todo en relación con tratar de disminuir la dependencia energética del territorio. Asimismo, las políticas públicas deben tener en consideración la factura energética que soportan la ciudadanía y las empresas, y contribuir a su reducción.

El CES Vasco recomienda desplegar planes de formación y recualificación para que la transición ecológica-energética no implique pérdida de puestos de trabajo, y poder aprovechar en este ámbito la creación de empleo en nichos como la energía renovable, la rehabilitación energética de viviendas, la movilidad sostenible o la gestión de residuos. Así, se debería promocionar la especialización en competencias ambientales aplicadas al entorno laboral desde la Formación Profesional, la Universidad y la Formación Continua.

CONDICIONES DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL

En lo referido a las condiciones de vida, Euskadi se mantiene en posiciones elevadas en los rankings internacionales de calidad de vida, pero la evolución de algunos indicadores pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Así, el porcentaje de familias afectadas por la pobreza energética ha aumentado 4,9 puntos desde 2015, y también crece el número de hogares que no pueden alimentarse apropiadamente. De igual manera, hay una elevada incidencia de las situaciones de pobreza en el colectivo de personas migrantes y entre las familias monoparentales encabezadas por mujeres. En cualquier caso, hay que valorar positivamente que el elevado esfuerzo público para la ayudas a las familias se haya mantenido en 2024.

Por el contrario, llama la atención que, a pesar de llevar más de dos décadas con los sucesivos planes de familia, todavía existan muchas que desconocen la posibilidad de acogerse a las ayudas que desarrollan, por lo que habría que emprender campañas eficaces de comunicación en este sentido. También se han registrado avances en los indicadores de conciliación, aunque subsisten las diferencias de género en las tareas de cuidado. Por último, es necesario reforzar y desarrollar las actuaciones en materia de inmigración, dada su esencial contribución al reto demográfico.

Respecto a la igualdad de mujeres y hombres, pese a los avances de los últimos años, persisten brechas importantes, especialmente en el ámbito laboral, lo que revela que aún restan múltiples factores sobre los que incidir para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En este sentido, la Estrategia 2030 de Igualdad resulta una herramienta fundamental, que requiere de un apoyo decidido y una financiación adecuada, así como amplios consensos.

En el ámbito de la protección social, el sistema vasco mantiene su cobertura en niveles comparables a los principales países europeos y el nivel de recursos destinados a este fin sigue aumentando. El Plan Estratégico de Servicios Sociales (2023-26) debe abordar el reto de adaptar el Sistema al impacto del envejecimiento de la población, a la vez que se sigue apoyando a todos los colectivos vulnerables.

El número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos ha crecido un 3,3% respecto al año anterior. Las mujeres representan el 57,8% de los casos, y el tramo de edad con mayor concentración de personas beneficiarias es el de 45 a 54 años (22,7% del total). Han crecido los porcentaje de receptores de la RGI pensionistas (del 25,5% en 2023 al 26,6% en 2024) y personas extranjeras (del 38% en 2023 al 39,2% en 2024), así como el de unidades de convivencia que reciben la RGI como complemento de las rentas salariales, 3,6 puntos más respecto a 2023.

Euskadi presenta un mayor desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia que otras comunidades autónomas, tanto en porcentaje de personas valoradas como en el de prestaciones concedidas, y además en 2024 se han reducido las listas de espera. En cualquier caso, el CES Vasco considera que es necesario aumentar el reconocimiento social y económico de los trabajos relacionados con el cuidado, tanto en las familias como en los trabajos profesionalizados. Por otro lado, es preocupante el saldo deficitario de las pensiones, provocado por el envejecimiento progresivo de la población, y se necesita mantener un seguimiento activo para comprobar el efecto de las reformas emprendidas.

VIVIENDA Y EDUCACIÓN

Respecto al mercado de la vivienda, los principales datos apuntan a una recuperación de la actividad, después de un 2023 que revelaba un cierto estancamiento. En 2024, tanto la compraventa de vivienda como la actividad edificatoria experimentan tasas positivas, al tiempo que la demanda de vivienda protegida se incrementa. No obstante, los precios continúan al alza y la oferta de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente.

A este respecto, el CES Vasco destaca la importancia de potenciar y ejecutar las políticas de vivienda y considera que el Pacto Social por la Vivienda de Euskadi constituye un instrumento estratégico y estructural para ello. De igual manera, valoramos la creación del Foro de Urbanismo y vivienda de Euskadi, ya que puede promover una colaboración público-privada que enfoque y ajuste más adecuadamente las políticas de vivienda.

Asimismo, el CES considera muy relevante la introducción de la figura de las “zonas tensionadas” como herramienta para la corrección de los desequilibrios de precios evidenciados en el mercado de la vivienda. En este campo también será importante constatar la evolución del nuevo Plan Director 2025-2027.

En cuanto a la educación, puede observarse la influencia de la demografía, ya que la matriculación en los niveles inferiores muestra una tendencia decreciente, mientras que en la ESO, en el Bachillerato, en la Formación Profesional y en la universidad la matriculación continúa aumentando. Los datos respecto al aprendizaje permanente, el abandono temprano de la educación y formación, y el porcentaje de personas jóvenes tituladas con estudios superiores son mejores en Euskadi que en otros territorios, y el ratio de gasto de las Administraciones Educativas de la CAPV sobre el PIB es superior a la media estatal. Aunque existen diferencias de género en la elección de estudios, estas son ligeras y se van reduciendo. Por otro lado, el CES subraya la necesidad de que las estadísticas de educación recojan información sobre la segregación escolar.

Memoria Socioeconómica 2024
Resumen y Consideraciones 2024

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