El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto que desarrolla parcialmente la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”, trasladado por los Departamentos de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Turismo, Comercio y Consumo. Tras analizarlo el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

El objeto de esta norma es desarrollar la Ley Estatal 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esto se hace en relación al Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi, al Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, a la potestad sancionadora, a la designación y funciones de la Autoridad de Ejecución en la CAPV y al régimen de controles.

La Ley Estatal 12/2013 de 2 de agosto establece el marco legal de las operaciones comerciales entre las diferentes entidades operadoras de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa. Para ello obliga a los poderes públicos a introducir medidas adicionales que mitiguen las dificultades del sector primario y a garantizar un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad.

Esto es particularmente necesario en Euskadi, debido a la consideración estratégica del sector agroalimentario vasco y su propia vulnerabilidad, ocasionada por la atomización del sector agrario, la rigidez de la demanda, la estacionalidad en el mercado y la heterogeneidad y asimetría en sus características internas. A esto se unen otros fenómenos, como la constante elevación de costes de producción, fijos y variables, provocados por el creciente impulso de exigencias en la producción y la caída de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, derivados de la volatilidad del coste de las materias primas y de la falta de equilibrio en la fijación de precios de la cadena alimentaria.

En la medida en que esta norma pretende contribuir a la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, el Consejo Económico y Social Vasco valora positivamente el Proyecto de Decreto que se le ha presentado.

Entre sus consideraciones generales, se echan en falta en el texto propuesto referencias a la pesca y la acuicultura, tanto en su parte expositiva como en el desarrollo de su articulado.

Asimismo, se insta, además de a incluir al sector pesquero, a aumentar la representación de los intereses de las personas consumidoras en la Comisión de seguimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria y en el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, organismos ambos creados por este nuevo Decreto.

De igual forma, el CES critica que en la Memoria económica que acompaña la tramitación de la norma no se prevea impacto económico alguno, ya que el Decreto obligará a incrementar tareas y responsabilidades que impactarán en los recursos humanos que se deben emplear para su correcta aplicación.

Asimismo, el Consejo introduce algunas consideraciones específicas como propuestas de mejora del texto analizado.

Entre ellas, el CES Vasco considera conveniente introducir en el artículo primero, que especifica el objeto de la norma, referencias a las medidas adicionales propuestas para mitigar las dificultades de parte del sector primario y asegurar un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, ya que estas cuestiones son el propio objeto de la Ley 12/2013, que el nuevo Decreto viene a desarrollar.

También se aboga por que el Decreto recoja expresamente en su articulado que se dotarán los medios necesarios para que los miembros de la Comisión de Seguimiento y del Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi puedan utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en el ejercicio de sus funciones.

(Ver Dictamen 17/23 completo)

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 El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se establecen las disposiciones para la implementación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 (PEPAC) en la Comunidad Autónoma del País Vasco y se procede a la caracterización de las zonas rurales”, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio ambiente. Tras analizarlo, el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

Una de las principales novedades de la PAC 2023-2027 es que todos los Estados miembros deben contar con un único Plan Estratégico de la PAC (PEPAC).

El PEPAC de España recoge tanto las intervenciones de ayuda programadas en el ámbito del primer pilar (ayudas directas y sectoriales, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)) y que serán de aplicación directa en el ámbito estatal, como las intervenciones de desarrollo rural del segundo pilar (cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)) las cuales se implementan y desarrollan a nivel autonómico.

En el caso de Euskadi se han programado, además de las intervenciones en forma de pagos directos y las intervenciones sectoriales del fondo FEAGA, 18 intervenciones de desarrollo rural (FEADER), algunas de ellas bajo la competencia del Gobierno Vasco y otras bajo la competencia de las Diputaciones Forales.

En este marco y dentro del segundo pilar, el CES Vasco propone la inclusión de una nueva medida agroambiental con el título “Economía circular, pequeñas explotaciones sostenibles”, que permita un pago a tanto alzado anual o un pago por ha. De esta forma, las granjas de huerta, fruta, pequeños animales en extensivo…, podrán decir que “también” son parte de la PAC.

La razón que explica tal propuesta de inclusión es que las personas que son agricultoras a título principal, debido a las reducidas dimensiones de las explotaciones, han vuelto a quedar fuera del primer pilar del Plan Estratégico; y en la legislación europea existe la posibilidad de inclusión ya que se menciona expresamente que en casos debidamente justificados pueden concederse ayudas a tanto alzado o como pago único por unidad, en vez de atender únicamente a la dimensión de las explotaciones.

Si bien el Consejo considera adecuada la tramitación del Proyecto, con las inclusiones que se han citado, introduce algunas consideraciones específicas como propuestas de mejora del texto analizado.

Por un lado, se propone incluir dentro del Comité de Seguimiento regional del PEPAC en Euskadi a las organizaciones de personas consumidoras. Asimismo, en línea con lo manifestado previamente recomendamos incluir un nuevo epígrafe denominado “Economía circular, pequeñas explotaciones sostenibles” dentro de las intervenciones cofinanciadas con el fondo FEADER. También respecto a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios se propone orientar al mercado la comercialización de productos agroalimentarios con certificación ecológica

Asimismo, consideramos adecuado aclarar si el canal de denuncia a disposición de la ciudadanía para comunicar sospechas sobre el uso fraudulento de los fondos procedentes de la PAC se refiere al ya creado por la Directiva (UE) 2019/1937 o se trata de un canal de denuncia nuevo. También recomendamos clarificar si tras agotarse el plazo máximo de tramitación del procedimiento sancionador las conductas interpeladas puedan quedar sin sanción.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula la pesca profesional de la angula en la CAPV y se crea el registro de personas pescadoras profesionales de la angula”, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Tras analizarlo, el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

El CES Vasco comparte el objetivo de esta norma de garantizar la sostenibilidad en la pesca de la angula y valora positivamente la adaptación de la normativa en vigor en la CAPV a las exigencias comunitarias en este ámbito, profesionalizando la pesca de la angula e impulsando un Registro administrativo de las licencias concedidas.

Mientras que la normativa vigente (Decreto 41/2003) se refiere a la pesca recreativa de la angula, este Proyecto de Decreto pasa a regular una pesca exclusivamente profesional, desde tierra y desde embarcación, con especificaciones muy limitadas en cuanto a cuencas habilitadas, artes empleadas y volumen de capturas, entre otras cuestiones. Su propósito es, por tanto, garantizar el ejercicio de una pesca profesional y responsable de la angula, dentro de los límites legalmente establecidos hasta la fase final de comercialización.

Si bien el Consejo considera adecuada la tramitación del anteproyecto, introduce algunas consideraciones específicas como propuestas de mejora del texto analizado.

Así, el CES no entiende por qué en el caso de la pesca de la angula desde embarcación los requisitos para la profesionalización sean diferentes de los exigidos a otras actividades pesqueras. En concreto, se recomienda que el articulado mencione expresamente que la embarcación de la persona titular de la licencia debe estar inscrita en alguno de los Registros administrativos de matrícula de embarcaciones de los distritos marítimos de la CAPV. También sería recomendable que se exija que la persona titular de la licencia posea, además de la titulación para manejar la embarcación, la titulación de pesca correspondiente. Además, el CES considera conveniente que la resolución para establecer el cupo anual de capturas fije también el número máximo de licencias a distribuir.

(Últimos dictamenes)

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Anteproyecto de Ley de transparencia de Euskadi”, elaborado por el del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

El CES Vasco estima que la norma resulta necesaria y oportuna, y comparte asimismo su finalidad de impulsar de forma integral la cultura del gobierno abierto, siguiendo estándares internacionales, y basándose en los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. De igual manera, considera acertado el fomento de hábitos de participación ciudadana y de la promoción de la cultura de la transparencia y lucha contra la corrupción entre la ciudanía.

El Consejo Económico y Social Vasco valora positivamente que el anteproyecto dirija las obligaciones de publicidad activa no sólo al ámbito de las instituciones públicas, sino que también se vinculen a los sujetos e instituciones privadas a través de los cuales se vehiculiza la actividad pública.

De igual forma, es positivo que la norma permita terminar de implantar en el Sector Público el nuevo sistema de protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción, en consonancia con la legislación europea.

Si bien, el Consejo considera adecuada la tramitación del anteproyecto, introduce algunas consideraciones específicas como propuestas de mejora del texto analizado.

Así, aconseja introducir mayor precisión en algunos aspectos, como los referidos al plazo de conservación de los datos sujetos a protección o el alcance de la norma para las entidades del Parlamento Vasco, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y Ararteko.

También se sugiere referir en la norma la información sobre los recursos humanos con los que se prestan los servicios. De igual manera se propone incluir como infracción “el no responder a la solicitud de la persona solicitante en el plazo establecido en el art. 36 de la Ley” para incrementar así la garantía a la ciudadanía del cumplimiento de dicha obligación.

A su vez, se considera necesario que la ley recoja el objeto y las funciones de la Autoridad Vasca de Transparencia y, particularmente, de las dos divisiones previstas.

En esta misma línea, se estima que la norma debería incluir las funciones y objetivos del Consejo Consultivo de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, y que en él se incluya una mayor representación de expertos externos y de agentes económicos y sociales.

(Últimos dictamenes)

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Nacido en Bilbao en el año 1964, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en ASLE (Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de Euskadi) como coordinador del área jurídica entre 1991 y 2004, y desde 2010 hasta la actualidad. Además de prestar asesoramiento jurídico a las empresas socias su desempeño le ha llevado a participar activamente en la creación, transformación y consolidación de multitud de proyectos empresariales en forma de Sociedad Laboral contribuyendo con ello al fortalecimiento de la Economía Social en Euskadi.

Además, ha sido miembro de la Junta Directiva de LABORPAR (Federación de Sociedades Laborales y empresas participadas de España), lo que le ha permitido participar en varias reformas legislativas de importante calado. En este sentido, ha participado activamente en la promulgación y desarrollo de dos de las tres leyes que han regido a las sociedades laborales a lo largo de la historia.

Por otra parte, participó en la creación de EGES Euskal Gizarte Ekonomia Sarea/Red Vasca de Economía Social, de la ha sido secretario desde su fundación en 2015.

También pertenece al club de evaluadores de EUSKALIT desde 2008.

Javier Muñecas es una persona muy vinculada al CES, ya que desde hace más de 20 años ha sido consejero del grupo C en representación de las sociedades laborales. De igual manera desempeñó el cargo de Secretario General del CES entre 2004 y 2010, lo que le proporciona un conocimiento profundo del funcionamiento de la institución.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco”, elaborado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera inadecuada la tramitación en los términos en que ha sido concebida, y considera necesario que se tengan en cuenta las cuestiones señaladas en el dictamen para su desarrollo, entre las que destaca, la necesidad de realizar un proceso previo de negociación con los agentes sociales.

La finalidad de la norma, según se señala en la misma, es adaptar los criterios de la normalización lingüística a los nuevos tiempos y asegurar la coordinación de todo el sector público vasco, con una triple finalidad. Por un lado, garantizar el uso oficial del euskera y del castellano sin ninguna discriminación institucional para con los y las ciudadanas en sus relaciones con las entidades del sector público vasco; por otro lado, situar el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general en la actuación de las entidades del sector público vasco; y por último, alcanzar la igualdad real en cuanto a la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de actuación de las entidades del sector público vasco.

En su informe, el CES comparte con la norma la necesidad de actualizar el sistema de perfiles lingüísticos del personal funcionario a los nuevos tiempos. No obstante, considera imprescindible en la norma un amplio consenso social sobre la base de la compatibilidad y respeto de todos derechos, tales como el de la ciudadanía a ser atendida por la Administración en la lengua de su elección; los derechos laborales y al derecho al trabajo de los y las empleadas públicas —tanto euskaldunes como castellanoparlantes—; y los derechos de las personas aspirantes a trabajar para la Administración.

En cuanto a los derechos de los y las trabajadoras, el órgano consultivo advierte que se está estableciendo un ritmo muy acelerado para lograr el objetivo del bilingüismo entre las personas trabajadoras del sector público vasco, y que establecer el euskera como lengua de servicio y de trabajo en detrimento del castellano, puede perjudicar gravemente a las personas trabajadoras que no dominen el euskera. A su juicio, este último aspecto vulnera la libre elección de los y las trabajadoras en el ámbito privado del trabajo, y supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

En cuanto a las obligaciones lingüísticas recogidas en la norma y que afectan al ámbito empresarial, el CES considera necesario que la regulación compatibilice la promoción del euskera con el desarrollo de la actividad económica y empresarial. Para ello, establece como imprescindible que la Administración conozca la realidad económico-productiva desde un diálogo abierto con los distintos sectores implicados, así como el impacto económico a la hora de establecer las obligaciones lingüísticas consideradas.

Además, el órgano consultivo vasco estima necesario considerar otros aspectos en el ámbito empresarial, como que las obligaciones encuentren una causa objetiva y justificada en el objeto del contrato (y también de la subvención o convenio), y no en ningún otro tipo de consideración; que el nivel de exigencia a establecer en las empresas contratistas no sea el mismo que el establecido para la Administración Pública; y que se considere la realidad socio-lingüística de los territorios para el diseño y despliegue de las obligaciones lingüísticas del sector privado.

Por otro lado, el consejo vasco considera imprescindible que el principio de autoorganización de cada entidad pública en lo relativo a la implantación de los perfiles lingüísticos, sea supervisado/coordinado por algún tipo de órgano superior.

Por último, el CES estima conveniente una revisión general de la redacción de numerosos artículos, la mayoría de contenido novedoso, que inducen a la confusión y no garantizan la debida seguridad jurídica.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha presentado esta mañana en Bilbao la Memoria Socioeconómica de la CAPV de 2022, en un acto presidido por la Presidenta del CES Vasco, Emilia Málaga, y el Presidente de la comisión encargada de realizar el informe, Jon Barrutia.

Los y las responsables del CES han expuesto los retos socioeconómicos identificados por el consejo durante el 2022, así como las consideraciones y recomendaciones incorporadas en el informe. Para ello, han realizado un repaso de los principales indicadores, constatando los avances y retrocesos, y las posibles evoluciones de los mismos.

En lo que al ámbito demográfico se refiere, el órgano consultivo vasco ha advertido que la CAPV se encuentra en una profunda crisis demográfica dada la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población. En el 2022 Euskadi ha registrado un crecimiento natural negativo sin precedentes, que los saldos migratorios positivos no han sido capaces de compensar. Por ello, el consejo ha apelado a la necesidad de profundizar y acelerar la Estrategia 2030, situando el reto demográfico en la centralidad de la agenda política-institucional, así como sensibilizar a la sociedad.

En el ámbito económico, a pesar de que la economía vasca creció un 4,4 % en un escenario inflacionista y de alta incertidumbre derivado del COVID-19 y la guerra de Ucrania, el CES ha apelado a la necesidad de llegar a acuerdos y tomar medidas que permitan afrontar las dificultades identificadas de la mejor manera posible, y con los menores impactos.

El Consejo ha indicado su preocupación por la desaceleración registrada en la actividad industrial y de servicios, la pérdida de empleos en el sector industrial, la reducción del número de empresas y la pérdida de poder adquisitivo.

En consideración al empleo y las relaciones laborales, el crecimiento económico ha permitido mantener la recuperación del empleo, registrando un crecimiento del 3,1 %. Los principales indicadores revelan un aumento de la ocupación que ha permitido, dos años después de la llegada del COVID-19, recuperar la situación de antes de la pandemia.

Pese a la recuperación del empleo y mejora en la calidad del empleo —descenso de la parcialidad y la temporalidad gracias a la reforma laboral—, el CES ha manifestado la necesidad de prestar atención a la persistente incidencia del desempleo de larga duración, y al desempleo de determinados colectivos que muestran mayores dificultades de inserción, así como a la interinidad y temporalidad en el empleo público.

El Consejo Vasco ha señalado además, que las Políticas Activas de Empleo (PAE), mantienen un año más su relevancia, y que es necesario reforzar las partidas públicas destinadas al empleo, y aprovechar los fondos europeos de recuperación para dicho fin.

SALUD, INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

En cuanto al sistema sanitario, el Consejo ha señalado que es necesario disponer de estructuras suficientes que garanticen una buena atención sanitaria y refuercen las estrategias de prevención, así como dotar al sistema de suficientes recursos económicos y organizativos que permitan reducir las listas de espera, aun siendo conscientes de que estamos a la cabeza del estado en gasto per cápita.

De cara al futuro, el CES insta a prestar una atención especial a la brecha digital de ciertos colectivos en relación a la digitalización del sistema, recomienda también implicar a la ciudadanía en el continuo rediseño del mismo, y realizar seguimiento a los problemas de salud que presentan una evolución desfavorable, entre otros, los relacionados con la salud mental, la diabetes, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, y las ETS.

En el ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación, el órgano consultivo recomienda seguir sensibilizando a las empresas sobre la conveniencia de incorporar en su día a día I+D+i, y seguir orientando a la sociedad y al tejido empresarial sobre la mejor forma de gobernanza de los cambios y transiciones que se avecinan. No obstante, el Consejo se congratula de la calificación de región altamente innovadora de la CAPV.

En cuanto a la situación del Medio Natural y la Energía, el CES considera necesario elevar la producción de energías renovables, y seguir sensibilizando al conjunto de actores (sociedad, empresas y administraciones) en los hábitos de vida que favorezcan la disminución de GEI y de residuos, así como implementar acciones y políticas públicas que fomenten un desarrollo económico, sostenible, inteligente y responsable.

CONDICIONES DE VIDA, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SECTOR PÚBLICO

En lo referido a las condiciones de vida, pese a que Euskadi se sitúa en una posición favorable en comparación de los principales países europeos, el ente consultivo vasco advierte que los indicadores AROPE y la Encuesta de Condiciones de Vida del INE revelan un aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión, y un empeoramiento en términos de renta y de privación.

Partiendo de la premisa de que este deterioro pudiera estar relacionado con la evolución de los precios, el consejo sugiere realizar un seguimiento pormenorizado de todas estas variables, especialmente las relacionadas con la evolución de los precios.

En cuanto a la protección social, el órgano consultivo manifiesta que, a pesar de los problemas, el sistema vasco de protección social ha mantenido su cobertura en niveles comparables a los principales países europeos, y el nivel de recursos destinados, sigue en aumento. Además, ha expuesto que, en lo que respecta al Sistema de Garantía de Ingresos, en 2022 ha vuelto a caer el número de las personas titulares perceptoras de las prestaciones del sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social (-6,3 % respecto al 2021), especialmente, entre las que reciben la RGI como complemento de renta salarial. El Consejo destaca que del total de fondos destinados en el Estado a prestaciones de garantía de ingresos, el 24,9% corresponde a la CAPV.

En cuanto al mercado de la vivienda de Euskadi, se destaca que este continúa siendo un reto permanente para la sociedad vasca. En este sentido, el CES valora positivamente el nuevo Plan Director 2021-2024, que apuesta por el alquiler asequible y la movilización de la vivienda deshabitada, y estima necesario atender a los colectivos con dificultades de acceso y facilitar la emancipación de la juventud, además de tomar conciencia de las posibles implicaciones que puede tener el escenario inflacionista en este sector.

En cuanto a la educación, Euskadi destaca en comparación con el Estado y la media europea por tener una población joven con una elevada cualificación. No obstante, el Consejo insta a trabajar en varias áreas de mejora, entre las que destaca la participación de la población de 25-65 años en actividades de formación a lo largo de la vida y las desigualdades de género en la elección de estudios.

En relación a este último punto, el CES advierte sobre la escasa presencia femenina en buena parte de las familias profesionales y grados con mayor nivel de inserción, y considera necesario profundizar en la estrategia informativa y orientativa de las administraciones públicas para corregir la situación.

En lo referente a sector público de la CAPV, el CES destaca que se ha producido una notable recuperación de las finanzas públicas tras la crisis, fundamentalmente gracias a la evolución positiva de la recaudación. Asimismo, el Consejo apela a la necesidad de centrar la política fiscal y presupuestaria en mejorar los servicios públicos esenciales (sanidad, servicios sociales, educación e investigación), y utilizarla para aliviar la presión del incremento de precios en colectivos vulnerables. De la misma manera, reitera la necesidad de realizar un importante y continuado esfuerzo presupuestario para mantener a futuro unos niveles de inversión aceptables.

Memoria Socioeconómica 2022
Resumen y Consideraciones 2022

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Renta de Garantía de Ingresos”, elaborado por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. En su repuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

La norma tiene como fin desarrollar las previsiones incluidas en la nueva Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión en relación con la RGI, tales como los requisitos de acceso a la prestación, la constitución de unidades de convivencia, las obligaciones de las personas titulares y beneficiarias, los componentes del cálculo de la situación de necesidad económica o la definición de los procedimientos administrativos.

El CES valora positivamente el marco reglamentario recogido en la norma, y reconoce los aspectos de la Ley que este Decreto desarrolla relacionados con la ampliación de la tasa de cobertura de la RGI, como el aumento de la cuantía y la modificación de los requisitos de acceso, particularmente, la rebaja en ciertos supuestos a la mayoría de edad para poder percibir la RGI. Asimismo, reconoce la vocación del reglamento por clarificar y concretar los conceptos técnicos y jurídicos de la Ley 14/2022 con el objetivo de evitar diferentes interpretaciones para situaciones similares, y la apelación al uso de un lenguaje sencillo y accesible, así como contemplar la atención presencial para las personas que lo necesiten. A su juicio, estos aspectos favorecerán la protección, participación y seguridad jurídica de las personas afectadas.

En ese mismo sentido, adquiere especial relevancia para el Consejo que la norma busque constituir un sistema que cuente con una tramitación administrativa ordenada, controlada, eficiente y moderna, que permita simplificar y unificar procedimientos. En definitiva, un sistema que vele por el interés público y por la funcionalidad, racionalidad y eficiencia de la actuación administrativa.

En cuanto a las consideraciones efectuadas, el Consejo estima fundamental formar a todas las personas que operarán con dicho Reglamento en relación a las numerosas novedades procedimentales, tanto a las personas trabajadoras de Lanbide como a otra serie de agentes sociales que desarrollan labores de acompañamiento de las personas perceptoras de la RGI.

Por último, el Consejo estima conveniente evaluar diversos aspectos concretos de la norma, así como reconsiderar aquellos que no se alineen con el objetivo final, que es llegar a todas las situaciones de necesidad que deben protegerse a través de la herramienta de una renta mínima garantizada. Para ello, recomienda aprovechar el Órgano de Evaluación, Investigación e Innovación en materia de Inclusión creado por la Ley 14/2022.94 435 63 30

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Sistema interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes en el marco del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, elaborado por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación, con las consideraciones efectuadas en el dictamen.

El CES Vasco valora positivamente la iniciativa, que tiene por objeto la garantía de la protección efectiva a aquellas personas que en el marco del sector público de la CAPV, denuncien o aporten información relativa a infracciones al Derecho de la Unión e infracciones penales y administrativas graves o muy graves, perjudiciales para el interés público, ya que junto con la colaboración ciudadana contribuirá a constituir un importante instrumento para evitar eventuales situaciones de fraude y de corrupción.

En relación a las consideraciones efectuadas, el órgano consultivo valora positivamente que el sistema interno de información se concentre en un único canal interno de información, debido a que contribuirá a la especialización del servicio, a las economías de escala y a la adopción de un criterio único, si bien advierte que la eficiencia únicamente estará garantizada con una dotación suficiente de medios humanos y materiales.

En lo referido a las consideraciones específicas y al margen de otras consideraciones menores, el Consejo Vasco estima necesario revisar la disposición de los apartados y la redacción de los artículos referidos a la fase de investigación y a la adopción de medidas de protección, para facilitar la comprensión de lo allí señalado.

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