El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regula la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el procedimiento de designación de sus miembros, su organización y su funcionamiento”, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En su respuesta, el CES estima necesario reelaborar la norma tomando en consideración las cuestiones esenciales indicadas en el dictamen.

El Proyecto de Decreto tiene como objetivo detallar la composición del Consejo Asesor del Medio Ambiente que se definió de manera genérica en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi de 2021, así como regular el procedimiento de designación de sus miembros, su organización y su funcionamiento. En ese sentido, el CES vasco advierte que la norma no cumple con el fin de precisar con la necesaria concreción y claridad la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni con el de determinar los criterios de designación de sus miembros.

En lo referido a las cuestiones esenciales a tener en cuenta y a la concreción de la composición del órgano, el CES considera que la norma debe establecer que los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente pertenezcan a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Asimismo, estima necesario, manteniendo la paridad, revisar el número de representantes empresariales y sindicales, y definir los criterios de acceso y de reparto de la representación, con el objetivo de constituir un órgano consultivo transversal, que incluya en su seno intereses diversos y multisectoriales de manera equitativa.

En concreto, el CES sugiere revisar al alza el número de representantes, considerando que el número establecido es de tres personas tanto para las organizaciones empresariales, como sindicales, y visto que Euskadi cuenta con cuatro sindicatos más representativos. Además, el CES recomienda contar con la participación de organizaciones especializadas en medio ambiente, con el objetivo de enriquecer las labores del Consejo medioambiental.

Por otro lado, el CES considera necesario incorporar en la Memoria justificativa del Proyecto de Decreto la justificación de la composición del órgano consultivo de Medio Ambiente, incluyendo los tipos de representación y las organizaciones concretas representadas, el número de miembros de cada una de ellas, y los criterios para la designación de los mismos y de la persona titular de su presidencia, tal y como recoge el informe jurídico que acompaña la tramitación de la norma.

En cuanto al funcionamiento del Consejo medioambiental, el CES opina que la norma debería recoger un contenido mínimo sobre el mismo que garantice el adecuado funcionamiento del órgano, así como concretar lo referido a la constitución de comisiones o grupos de trabajo. En relación a estos, el CES sugiere elevar el número de reuniones obligatorias/mínimas anuales (actualmente son tres), teniendo en cuenta las numerosas cuestiones de interés que en relación con el medio ambiente se suscitarán en los próximos años.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Anteproyecto de Ley de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento”, elaborado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En su respuesta, el CES considera adecuada su tramitación e incorpora un listado de consideraciones con el objetivo de mejorar el texto analizado.

El órgano consultivo vasco considera oportuno y adecuado que se dote a estos servicios de una normativa propia con rango de ley, que tiene por objeto ordenar la actividad de prevención y extinción de incendios y salvamento en Euskadi, así como regular los servicios de tal naturaleza de las administraciones públicas vascas y su personal, con el fin de garantizar la prestación de dichos servicios en el territorio vasco, y prever los mecanismos que posibiliten la actuación conjunta y coordinada de tales servicios entre sí, y con otros servicios de emergencias.

En lo referido a las consideraciones, el Consejo estima necesario revisar los artículos referidos a la regulación de los mecanismos de coordinación y colaboración. En concreto, sugiere supervisar los términos en los que se regulan las funciones de la Comisión Interinstitucional para los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, así como los mecanismos de cooperación con las empresas que cuenten con bomberos o bomberas de empresa o equipos de autoprotección. En ese sentido, el CES recomienda incluir como función de la Comisión Interinstitucional, la valoración de la suficiencia de los medios técnicos y recursos necesarios para la prestación de los servicios por parte de las Administraciones públicas, y sugiere desarrollar la intervención del personal de las empresas que cuenten con servicios de prevención, de extinción de incendios o de salvamento.

Asimismo, el Consejo muestra su preocupación e incomprensión ante el hecho de que la normativa no considere incrementar el gasto público en las condiciones retributivas de las plantillas afectadas por la adecuación a la nueva estructura profesional, por lo que invita a argumentar el sentido de dicha cuestión en la norma.

En relación con las categorías y grupos de clasificación del personal, el órgano consultivo aprueba la desaparición de las figuras del “bombero voluntario” y “bombero auxiliar”, y recomienda incluir la categoría de Sargento/a en el Grupo B de clasificación, además de incluir un criterio de ratio para el mantenimiento de la proporcionalidad en la escala de mando. Asimismo, advierte sobre la indefinición del papel de los Servicios en relación con la prevención, y la carencia de referencias al desarrollo de la Carrera Profesional horizontal, materia para la cual sugiere tomar de referencia la vigente Ley de Policía del País Vasco.

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El último pleno del Consejo Económico y Social Vasco ha ratificado dos dictámenes de este órgano consultivo sobre el Anteproyecto de Ley Vasca de Empleo y el Proyecto de Decreto por el que se regulan el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, elaborados por el Departamento Trabajo y Empleo, y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, respectivamente.

En el Dictamen 15/22, relativo al Anteproyecto de Ley Vasca de Empleo, si bien el Consejo considera adecuada la tramitación del mismo, y valora positivamente su contribución a la ordenación y racionalización del Sistema Vasco de Empleo en su conjunto, introduce algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

La norma tiene por objeto definir los derechos y obligaciones de las personas para la mejora de su empleabilidad, y los principios de actuación de los poderes públicos en materia de políticas de empleo, crear la Red Vasca de Empleo, ordenar y gestionar su cartera de servicios y los programas complementarios para la mejora de la empleabilidad. Asimismo, determina las competencias en materia de empleo, el modelo de gobernanza, la planificación, participación y financiación de las políticas públicas de empleo, y regula el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).

Según el CES vasco, la norma contribuye a ordenar y fomentar la corresponsabilidad de las administraciones públicas, las empresas y la persona usuaria, y valora positivamente que esta última pase de ser “objeto” a ser “sujeto activo” de las políticas públicas. Además, destaca la importancia otorgada a la concertación y el diálogo social en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En ese sentido, pone en valor la amplia participación de los agentes económicos y sociales en la elaboración de la norma, y considera adecuada la estructura de la gobernanza contemplada en la misma.

En relación a las consideraciones incorporadas en el dictamen, el CES valora positivamente que la Ley de Empleo eleve la Mesa de Diálogo Social a una normativa con rango de ley, pero recomienda avanzar en la actualización de la norma que regula el funcionamiento de la Mesa, para que el papel que se otorga a los agentes sociales quede más claro y desarrollado.

En lo referente al marco competencial, el Consejo advierte que el hecho de que el anteproyecto otorgue a las Diputaciones Forales y a los ayuntamientos un marco competencial muy amplio, puede dificultar a los ayuntamientos a desarrollar políticas de empleo local. Además, señala que estos no siempre son los más activos en políticas activas de empleo, y que no todo el empleo tiene una dimensión local. Asimismo, el órgano consultivo vasco considera que descentralizar la prestación de determinados servicios de empleo y dotar de más participación a la dimensión local en el diseño y gestión de las políticas públicas de empleo, podría sustraer competencias y aspectos propios del Servicio Público de Empleo y desdibujar sus funciones. En ese marco, recomienda definir la figura del nuevo Órgano de evaluación, investigación e innovación de políticas de empleo e inclusión, y la Red Vasca de Empleo.

En cuanto a la formación como política activa de empleo, el CES señala que la norma no refleja lo suficiente la importancia estratégica de la formación en este ámbito, y sugiere añadir en la ley la formación de personas trabajadoras, así como sustituir la expresión “formación en el trabajo” por “formación para el trabajo”. Asimismo, estima necesario que el Servicio Vasco de Empleo garantice una oferta de formación estable, considerando las necesidades de las personas y de las empresas y los escenarios de evolución del tejido productivo a corto, medio y largo plazo, y sugiere la regulación de un marco común para la formación de la población trabajadora y las empresas.

En cuanto al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), el CES valora positivamente la búsqueda de mayor flexibilidad, dinamismo y especialización en este ámbito por parte del Gobierno Vasco, el cuál ha optado por definir el Servicio Vasco de empleo como entidad pública de derecho privado. No obstante, el consejo considera que esta ley debe consolidar el modelo tripartito del Ente y la actual estructura y composición de su Consejo de Administración, independientemente de la forma jurídica del órgano. En el caso de que se deban definir las funciones y el modelo de gobernanza de Lanbide en la ley, el CES considera que se deberían ajustar lo máximo posible a sus estatutos, ya que fueron acordados con los agentes sociales.

Asimismo, el CES recalca la importancia de dotar de suficientes medios que garanticen la correcta prestación del servicio, y reitera la necesidad de equilibrar los recursos reales, humanos y materiales disponibles, con la carga competencial. Sobre todo, teniendo en cuenta que Lanbide debería gestionar también las denominadas políticas pasivas (prestaciones y subsidios de desempleo). En ese sentido, el CES considera preciso la revisión del artículo relacionado con las fuentes de financiación en la ley, a fin de que esta garantice la disposición de los fondos necesarios para desarrollar los programas y servicios.

Por último, el CES valora positivamente la novedosa fórmula de contratos abiertos para la participación de varias entidades en la prestación de un servicio, debido a que uno de los problemas habituales en la gestión de ayudas al empleo tiene que ver con la complicada gestión de convocatorias de ayudas.

REGULACIÓN DEL CONCIERTO SOCIAL Y CONVENIOS

El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido además un informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. El decreto tiene por objeto regular el régimen de concierto y los convenios de Servicios Sociales en el mencionado sistema, así como las condiciones de actuación de los centros privados concertados, estableciendo los aspectos básicos del régimen de concierto social, y en particular, los requisitos de acceso, la duración máxima, las causas de extinción de los conciertos y las obligaciones de las partes.

El dictamen 14/22 del órgano consultivo advierte que no se alcanza a entender cuál es el dibujo general del modelo de desarrollo de los servicios sociales, ni el alcance de la participación de la iniciativa privada en la gestión de dichos servicios públicos, lo que genera una situación de incertidumbre. Asimismo afirma, que los roles que el texto asigna a las administraciones públicas, al tercer sector social y a los proveedores mercantiles en la provisión de servicios sociales, provoca una profunda inquietud y perplejidad entre los representantes de varios agentes importantes del sector, y que, el desarrollo reglamentario previsto en 2008 con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales, el cual considera necesario y oportuno, no se ha desarrollado hasta la fecha en su mayoría.

En ese sentido, el Consejo Económico y Social vasco muestra su preocupación sobre la falta de alineación de la propuesta con las organizaciones que colaboran con las Administraciones mediante la prestación de la mayor parte de esos servicios, e insta al Gobierno Vasco a hacer un esfuerzo de clarificación y consenso social y político con los principales agentes concernidos, para una nueva redacción de un proyecto de decreto que se enmarque en un modelo de desarrollo de los servicios sociales suficientemente conocido y aceptado por todos ellos.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia”, elaborado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación, y valora positivamente el nuevo marco regulatorio de carácter integral, ya que contribuye a que exista una menor dispersión dentro del ordenamiento jurídico vasco y facilita la interpretación y aplicación de las distintas normas, tanto estatales, como autonómicas, que afectan a las personas menores de edad.

La iniciativa legislativa, tiene como objeto conformar un nuevo marco jurídico de referencia en el País Vasco, en lo que se refiere a la materia completa de infancia y adolescencia, con el objeto de garantizar a todas las personas menores de edad que residan o se encuentren en la CAPV el ejercicio de cuantos derechos y libertades les reconoce el ordenamiento jurídico (internacional, europeo y estatal).

El CES considera la norma garantista, integral y transversal, debido a que tiene en cuenta a la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho, e integra términos como la promoción a todos los niveles, la obligatoriedad de los informes de impacto en la infancia en todos los proyectos de ley o la participación infantil. No obstante, el dictamen recoge algunas consideraciones con el fin de mejorar el documento.

En lo referente a su contenido, el órgano consultivo vasco recomienda reducir la extensión del mismo, evitando redundancias y relegando a desarrollo reglamentario parte del contenido, tal y como se hará con las cuestiones que no se han concretado y que quedan sujetas a reglamentación posterior. De igual modo, propone eliminar el Capítulo de Deberes de los niños, las niñas y adolescentes, por carecer de lógica jurídica. En cambio, considera necesario incorporar las referencias concretas y conexiones con otras leyes que tienen relación con los niños, niñas y adolescentes, así como incluir algún articulado específico que tenga en cuenta las especificidades de la adolescencia.

En lo que respecta a la elaboración de la norma, el CES estima necesario promover la participación real de niños, niñas y adolescentes. Para ello, recomienda incorporar espacios de reflexión, formación y debate específicos para estos y estas, y los recursos necesarios para su acompañamiento. Además, sugiere considerar la participación de niños y niñas que se encuentran o hayan estado en el sistema de protección.

Asimismo, el CES estima conveniente y recomendable fomentar entre los niños, niñas y adolescentes el conocimiento y el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades, tanto desde el ámbito familiar, comunitario, como del educativo, y fortalecer las responsabilidades de todas las instancias en el acompañamiento de estos y estas hasta alcanzar su plena autonomía.

Haciendo alusión a los agentes que actúan con los niños, niñas y adolescentes, el consejo recomienda garantizar en la norma la coordinación entre los diferentes agentes para una mejor comprensión y aplicación de la misma, y sugiere revisar la duplicidad de los nombres de figuras incluidas en el documento, así como la profusión de órganos con funciones similares. En cuanto a las figuras incluidas, considera necesario dotar de mayor fuerza en la Ley a la figura de la Oficina de infancia y adolescencia del Ararteko.

En referencia a la administración pública, el CES estima oportuno prever los recursos necesarios para apoyar casos concretos de discapacidad de cualquier tipo, de manera que las personas menores con discapacidad puedan relacionarse con la administración pública en igualdad de oportunidades. Asimismo, con un enfoque de prevención, considera necesario diseñar en el marco de la acción protectora de las administraciones, políticas de salvaguarda y espacios seguros, para garantizar la detección, reporte y respuesta ante todos los tipos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, Además, insta a reconocer e incluir en la ley la universalidad de las prestaciones vinculadas a la crianza y a la lucha contra la pobreza infantil, y considera que debería promover la accesibilidad e incremento de los recursos destinados a la salud mental, para que los problemas relacionados con esta no derive en exclusión social.

En cuanto al lenguaje utilizado, el órgano consultivo recomienda emplear un lenguaje inclusivo, así como prestar atención a la diversidad, para dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el consejo advierte que, cuando se regula el derecho a la educación, no se hace referencia alguna a las personas menores con altas capacidades, que también requieren adaptaciones y ajustes específicos en el ámbito educativo, de igual manera que se consideran las necesidades de las personas menores con discapacidad y con dificultades de inclusión.

Relacionado con este último punto, el dictamen advierte que el anteproyecto de ley no prevé medidas específicas que cubran las necesidades de niños y niñas de origen migrante sin referentes familiares, además de no reconocer las barreras que existen en el ámbito rural para el acceso a servicios. Además, muestra su preocupación sobre cómo se recoge lo relativo a los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes trans, ya que no se especifica de qué manera se articula y se garantiza esa libertad.

Por último, invita a revisar los términos utilizados para hacer referencia a la diversidad familiar y la diversidad cultural, con la utilización de términos que reflejen los diferentes tipos de familias, como por ejemplo figura(s) parental(es) o marental(es), y términos más adecuados para referirse a la diversidad cultural, como “identidad cultural” o “país de origen”. Al hilo de esto, recomienda utilizar “personas menores de edad”, frente a la utilización de “menor” o “menores”, a no ser que sea necesario hacer hincapié en la minoría de edad por alguna razón con fundamento jurídico.

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• La presidenta del CES Vasco, Emilia Málaga Pérez, el Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria, el expresidente del CESE, George Dassis, y el exmiembro del CES Vasco y del CESE, Luis Miguel Pariza Castaños, han presidido la apertura del acto.

Emilia Málaga Pérez, Presidenta del Consejo Económico y Social Vasco, Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari, George Dassis, Presidente del CESE en la anterior legislatura y Luis Miguel Pariza Castaños, exmiembro del CES Vasco y del CESE, han presidido esta mañana la apertura de una jornada técnica y profesional, con el fin de reflexionar sobre las políticas de inmigración y de asilo de la Unión Europea.

El foro se ha celebrado en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, y ha acogido a más de 90 personas pertenecientes al CES Vasco, CES Europeo y Gobierno Vasco, así como a antiguos miembros del CESE, miembros de otras Instituciones, numerosos expertos y actores locales.

El CESE, la institución consultiva de la Unión Europea, reclama la necesidad de poner en marcha una política común europea en materia de inmigración y de asilo, y advierte sobre la dificultad de alcanzar los acuerdos necesarios entre los Estados miembro para su desarrollo. En ese sentido, el CESE ha reiterado la necesidad de desarrollar una política común europea más abierta y respetuosa con los derechos humanos, que se gestione de manera conjunta con los diferentes países de origen.

En la jornada, los participantes han debatido sobre las bases necesarias para la consecución de una política común europea de inmigración y asilo. Para ello, José Antonio Moreno, miembro de la Mesa del CESE, ha explicado la mirada crítica de los Dictámenes del CESE y de los trabajos del Foro Europeo en referencia a este ámbito. Por otro lado, Laura Corrado, jefa de unidad de la dirección general de asuntos de interior de la Comisión Europea, ha expuesto la agenda que está poniendo en marcha la Comisión para la política de inmigración y asilo, y, William Cockburn, director de la Agencia Europea de la seguridad y la salud en el trabajo (EU-OSHA), cuya sede está en Bilbao, ha presentado los recientes estudios sobre las condiciones de trabajo de los inmigrantes en Europa.

Además, se ha reflexionado sobre las políticas locales desarrolladas en Euskadi para la gestión de la diversidad, debido al incremento experimentado en este ámbito en los últimos años, tanto en la CAPV, como en la sociedad española y europea. Como introducción, el catedrático y Vicerrector de la Universidad de Deusto, Eduardo Ruiz Vieytez, ha expuesto los desafíos y oportunidades que supone que la sociedad vasca, española y europea sea cada vez más diversa.

En relación a la importancia de las políticas de acogida, integración y diversidad, la Consejera del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha presentado los objetivos del plan vasco de ciudadanía, inmigración y asilo, y la Concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha mostrado el plan Bilbao ciudad intercultural, como miembro de la red Intercultural Cities promovida por el Consejo de Europa.

En la clausura de la sesión, han intervenido en streaming la Presidenta del CESE, Christa Schweng, y el Ministro del Gobierno de España, Luis Planas, que fue antiguo Secretario General del CESE, quienes han dado paso a Emilia Málaga, Presidenta del consejo vasco para culminar el acto.

Por su parte, la Presidenta del CES Vasco, Emilia Málaga Pérez, ha recordado que “aquellos países que han sabido integrar y aprovechar la diversidad cultural que aporta la inmigración son, en la actualidad, los más prósperos, por lo que resulta imprescindible un modelo demográfico y migratorio general, que permita orientar las políticas públicas de manera transversal y coordinada”.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático”, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación con algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

El CES Vasco valora positivamente el anteproyecto de ley, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico estable para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi, a más tardar, en el año 2050, y aumentar la resiliencia del territorio al cambio climático, mediante una transición justa y sostenible, social, económica y medioambiental, que garantice la equidad y la solidaridad.

El dictamen recoge que la norma busca adaptar el marco normativo a la realidad de Euskadi de manera eficiente, y cumplir con los compromisos internacionales adoptados en materia de cambio climático. Para ello, la norma plantea estrategias e instrumentos de cara a realizar una transición energética hacia una economía con cero emisiones netas, teniendo en cuenta la realidad de la socioeconomía vasca y los futuros retos y oportunidades a los que Euskadi deberá enfrentarse.

El Consejo Vasco considera meritorio que la norma aborde planteamientos que buscan dar respuestas a objetivos a largo plazo (2050), e indica que comparte la visión y estructura de la norma, así como los parámetros en los que se basa, especialmente, el de la transición justa. No obstante, el Órgano consultivo estima que el concepto de transición justa debería ganar peso en la exposición de motivos de la ley y señala que el mantenimiento del empleo y la calidad del mismo es uno de los componentes esenciales de esa transición justa.

Asimismo, considera remarcable que las políticas medioambientales y las políticas de desarrollo económico y social dejen de estar confrontadas y se aúnen con el objetivo de construir un nuevo contexto social y económico en términos de oportunidad y trato justo.

El ente consultivo valora favorablemente el afán de la norma por reforzar la gobernanza colaborativa entre administraciones y la colaboración público-privada entre los distintos agentes, y sugiere resaltar la colaboración entre la Administración pública vasca y el Estado, así como la colaboración con la Unión Europea, dotándoles de más presencia en el documento. Además, en el marco de la participación pública, estima conveniente definir el papel de las Asambleas Ciudadanas, concretando si serán meramente canales informativos o si participarán de manera efectiva, incluyéndolas en la evaluación de la situación y objetivos establecidos en los planes, así como en la formulación de propuestas, u otras necesidades.

Sobre la obligatoriedad de que las empresas dispongan de la Huella de Carbono en las licitaciones públicas de obras, productos y servicios, el CES insta a que en el desarrollo reglamentario se especifiquen los sectores y tipo de empresa que estarán sujetos a esta nueva obligación, y sugiere que se tenga en cuenta como criterio el tamaño de la empresa, ya que las más pequeñas no cuentan con el mismo conocimiento ni medios para aplicar los estándares solicitados. Además, propone buscar formas transitorias para que los distintos tipos de empresa puedan ir asumiendo esta obligación.

El Consejo advierte sobre las dificultades para implementar la Huella de Carbono, tanto en productos, como en servicios y suministros, en las empresas que se presenten a licitaciones públicas. Por un lado, estima que para calcular la Huella de Carbono de producto, el plazo establecido de 6 meses es inoportuno y que sería más adecuado que el plazo se determine en el Reglamento que se cree sobre el Registro, porque en ese momento las metodologías de cálculo estarán disponibles y conoceremos mejor cómo afectará a los distintos sectores.

En el caso del cálculo de la Huella de servicios, el órgano consultivo vasco sugiere tener en cuenta la dificultad de disponer de los datos necesarios para calcular la huella de carbono en los futuros desarrollos normativos y pliegos, debido a que actualmente las empresas calculan la huella de la organización y llegan a conocer el impacto de su actividad en general, no el de un servicio concreto, y menos, si es un servicio desarrollado por terceros. En el caso de las obras, sucede, además, que las empresas constructoras no disponen de los datos necesarios para calcular la Huella de Carbono antes de la ejecución de la obra. Por ello, sugiere que se revise la disposición y propone exigir el cálculo de la Huella de Carbono de la Organización basado en datos de consumos reales, y el consiguiente Plan de Reducción en línea con la disposición adicional duodécima de la Ley de CC Estatal, Ley 7/2021, especialmente, para sectores como el de la Construcción.

Sobre las tramitaciones administrativas, el CES estima necesario que las administraciones vascas desarrollen mecanismos que agilicen y simplifiquen todo lo posible los procedimientos administrativos que vayan a derivarse de esta futura ley, debido a que la tramitación es una de las mayores preocupaciones de las empresas.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha presentado esta mañana en Bilbao la Memoria Socioeconómica 2021, en un acto presidido por la Presidenta del CES Vasco, Emilia M. Málaga, y el Presidente de la comisión encargada de realizar el informe, Jon Barrutia.

En la presentación de la memoria, los responsables del CES han realizado un repaso de los principales indicadores sociales y económicos del 2021, exponiendo también un resumen de las consideraciones recogidas en el informe, que deben tenerse en cuenta para que Euskadi afronte con éxito las Tres Transiciones y se convierta en un país digital, verde e inclusivo.

En lo que al ámbito demográfico se refiere, el órgano consultivo vasco ha puesto de manifiesto los duros datos que ha manejado con motivo de la pandemia, como por ejemplo, las inéditas cifras de defunciones, y la manera en la que han influido en sus consideraciones.

Por otro lado, ha recordado que la CAPV sigue enfrentándose a un enorme desafío demográfico dada la baja natalidad y progresivo envejecimiento de la población, y que requiere de una especial atención en la agenda política. Además, ha señalado que, a pesar de que los saldos migratorios positivos compensaron en 2021 el crecimiento natural negativo, es imprescindible un modelo demográfico y migratorio general que permita orientar las políticas públicas de manera transversal y coordinada, y apunta que la Estrategia 2030 constituye una gran oportunidad para un cambio de tendencia.

En el ámbito económico, el Consejo ha indicado que la progresiva retirada de las medidas de contención frente a la enfermedad por COVID-19 favoreció un mayor dinamismo de la actividad económica, de la que se han beneficiado todos los sectores de actividad, especialmente el industrial, así como los componentes de la demanda, si bien apunta que todavía no se ha llegado al nivel de actividad previo a la pandemia. Asimismo, ha señalado que el ejercicio pasado supuso una importante recuperación de empresas, donde se recuperó el 64 % de las empresas que se perdieron entre marzo y abril de 2020.

No obstante, el Consejo ha expresado su preocupación por el actual escenario inflacionista, dadas sus repercusiones negativas sobre la rentabilidad de la actividad productiva y sobre el poder adquisitivo de la ciudadanía, y apela a la necesidad de llegar a acuerdos y tomar medidas que permitan superar la situación y eviten generar una espiral inflacionista a medio y largo plazo.

En consideración al el empleo y las relaciones laborales, ha destacado que en 2021 se ha dado un crecimiento del empleo que prácticamente ha permitido recuperar la situación prepandémica. No obstante, el Consejo alerta sobre el aumento de la temporalidad y el empleo a tiempo parcial, quedando a la espera de los efectos de la Reforma Laboral aprobada a finales de 2021.

Por otra parte, el órgano consultivo vasco advierte que persisten las bajas tasas de actividad en ambos sexos y en todos los grupos de edad, en comparación con los países del entorno, e indica que esta situación es especialmente preocupante en los casos de las mujeres y las personas de mayor edad, así como en las personas con menor cualificación. Asimismo, insiste en que la atención a los colectivos con mayor desempleo no debe verse afectada por las problemáticas coyunturales y que es necesaria su inserción laboral en términos estables y de calidad.

Además, el Consejo Vasco señala que las Políticas Activas de Empleo (PAE), mantienen un año más su relevancia, y la necesidad de adaptar su oferta formativa hacia los ámbitos destino de los fondos europeos.

SALUD, INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

En cuanto al sistema sanitario, el Consejo ha señalado que el COVID-19 ha vuelto a situar la salud pública en la cima de la agenda política, observándose la necesidad de disponer de estructuras suficientes que garanticen una buena atención sanitaria, así como la importancia de establecer mecanismos preventivos, el dotarse de suficiente personal e instrumentos de coordinación que permitan flexibilidad y resiliencia ante shocks sanitarios. De cara al futuro, el CES entiende que la investigación sanitaria y la digitalización del sistema permitirán avanzar en la prevención y mejora de salud, por ello, insta a prestar una atención especial a la brecha digital de ciertos colectivos.

En el ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación, el órgano consultivo ha elogiado la recuperación de la categoría de región de alta innovación que Euskadi perdió en 2019, así como que haya sido considerada un polo de excelencia regional en el RIS 2021. Sin embargo, señala que existen varios factores que obstaculizan la apuesta por la innovación en las empresas vascas, sobre todo en las PYMES, como por ejemplo la existencia de otras prioridades y la incertidumbre sobre la demanda, a lo que hay que sumarle los factores de índole económico y los que dificultan la traslación a resultados de la inversión realizada en I+D. Por ello, el CES comparte uno de los objetivos operativos del PCTI 2030, que es “maximizar la orientación de la I+D+i vasca a resultados”.

En cuanto a la situación del Medio Natural y la Energía, el CES advierte que el avance en el Indicador de Medio Ambiente de EUSTAT ha sido escaso, por lo que cree necesario avanzar hacia modos de transporte y movilidad más sostenibles, modificar las pautas de consumo de los hogares hacia un consumo sostenible, elevar la producción de energías renovables y favorecer la economía circular. Para ello, aconseja llevar a cabo un trabajo de concienciación y modificar los hábitos de vida, que favorecerán también la disminución de Gases de Efecto Invernadero y de residuos.

CONDICIONES DE VIDA, VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SECTOR PÚBLICO

En lo referido a las condiciones de vida, el ente consultivo vasco ha destacado que no se ha percibido una caída relevante del nivel de vida de la población vasca en el último año (datos 2020), y que los principales indicadores de riesgo de pobreza y exclusión presentan evoluciones favorables a pesar de la pandemia, entre otras cosas, gracias a que la CAPV se encontraba en el momento del comienzo de la pandemia en una buena posición de partida.

Sin embargo, el consejo advierte sobre la evolución negativa de los indicadores de pobreza energética y la incapacidad de alimentarse correctamente, y alerta de que más del 40 % de las situaciones de pobreza afecta a la población de origen extranjero de fuera de la UE, y un 15 % más corresponde a familias monoparentales encabezadas por mujeres sin ocupación estable. Asimismo, advierte que debido a la pandemia puede haber personas en situación de exclusión residencial, sin cobertura por parte del sistema de protección social.

En cuanto a la protección social, el órgano consultivo manifiesta que, a pesar de los problemas, el sistema vasco de protección social ha mantenido su cobertura en niveles comparables a los principales países europeos, acercándose al porcentaje de gasto respecto al PIB en Europa, y mejorando el del Estado, y ha recordado que es necesario contar con un sistema de protección social fuerte. Además, ha expuesto que, en lo que respecta al Sistema de Garantía de Ingresos, en 2021 ha vuelto a caer el número de las personas titulares perceptoras de las prestaciones del sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social (-3,7 % respecto al 2020), especialmente, entre las que reciben la RGI como complemento de renta salarial (15,7 % frente al 18 % en 2020).

En cuanto al mercado de la vivienda de Euskadi, se destaca que este continúa siendo un reto permanente para la sociedad vasca. En este sentido, el CES valora positivamente el nuevo Plan Director 2021-2024, que apuesta por el alquiler asequible y la movilización de la vivienda deshabitada, e insiste en realizar un mayor esfuerzo en dar a conocer los programas existentes de acceso a la vivienda, además de tomar conciencia de las posibles implicaciones que puede tener el escenario inflacionista en este sector, e insiste en que debe aprovecharse la oportunidad que ofrecen los fondos europeos Next Generation.

En cuanto a la educación, el Consejo insta a trabajar en varias áreas de mejora, entre las que destaca la buena tasa de idoneidad y el desequilibrio entre conocimiento y excelencia, así como las desigualdades de género en la elección de estudios. En relación a este último punto, el CES advierte sobre la escasa presencia femenina en buena parte de las familias profesionales y grados con mayor nivel de inserción, y considera necesario profundizar en la estrategia informativa y orientativa de las administraciones públicas para corregir la situación.

En lo referente a sector público de la CAPV, el CES destaca que se ha producido una notable recuperación de las finanzas públicas tras la crisis, fundamentalmente gracias a la evolución positiva de la recaudación. Asimismo, el Consejo apela a la necesidad de centrar la política fiscal y presupuestaria en mejorar los servicios públicos esenciales (sanidad, servicios sociales, educación e investigación), y utilizarla para aliviar la presión del incremento de precios en colectivos vulnerables. De la misma manera, reitera la necesidad de aprovechar los fondos europeos Next Generation para fortalecer los servicios públicos y la inversión pública y privada.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Proyecto de Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación con algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

El CES vasco considera oportuna la elaboración de este proyecto de decreto que tiene como objetivo impulsar, fortalecer y consolidar la educación para la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para posibilitar la transición de nuestras formas de vida hacia una nueva cultura de la sostenibilidad. Esto es debido a que el Consejo concibe la educación para la sostenibilidad como un elemento clave para que la sociedad logre entender la naturaleza del medio ambiente, y adquiera conciencia, conocimientos, valores y comportamientos que favorezcan su participación en la prevención y solución de los problemas ambientales, así como en la gestión de la calidad del medio ambiente, de una manera responsable y efectiva.

Asimismo, el CES vasco considera que la educación para la sostenibilidad es un factor estratégico para reorientar el modelo de desarrollo actual hacia la sostenibilidad y la equidad, y valora positivamente que la norma pretenda promocionar y alinear la educación con los grandes principios o fundamentos del desarrollo sostenible, para poder hablar de una educación transformadora.

En este contexto, el órgano consultivo comparte los objetivos de facilitar la activación de vías para el desarrollo de nuevos modelos de calidad organizativa y educativa orientados a la sostenibilidad, así como reforzar las políticas de educación ambiental para la sostenibilidad avanzando en la corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección y conservación del medio ambiente, promoviendo, coordinando y llevando a cabo la ejecución de acciones colaborativas en el ámbito de la educación para la sostenibilidad y poniendo el foco en promover una acción transformadora eco-social.

En lo referido al contenido de la norma, el CES señala que se debería incluir como una de las finalidades del Decreto la transición ecológica justa, debido a que se trata de un concepto estrechamente unido al mantenimiento del empleo y su calidad, y lo considera esencial para que este mantenimiento pueda compaginarse con pautas orientadas a la sostenibilidad. En cuanto al ecosistema de intercambio de personas expertas y buenas prácticas, que el decreto pretende constituir, el consejo propone que se contemple algún mecanismo que dé la posibilidad de incorporar entidades de referencia del ámbito del medio ambiente o educación ambiental no contempladas en el decreto.

El dictamen advierte, que la composición del Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento, que da forma al anteriormente citado ecosistema, no contempla centros importantes del ámbito de la educación en FP, Infantil, Primaria y Secundaria, como son TKNIKA o los Berritzegunes. Asimismo, indica también, que deja fuera entidades como BC3 Basque Centre For Climate Change-Klima Aldaketa Ikergai, que pueden tener un peso relevante en la educación para la sostenibilidad y, por ende, en la consecución del fin de este ecosistema, que es crear sinergias de compartición de conocimientos e intercambio de experiencias entre los centros educativos y otros agentes que trabajan en las distintas áreas del ámbito de la educación para la sostenibilidad.

En cuanto a las figuras implicadas en el ecosistema, por un lado, el CES recomienda considerar a las empresas y el papel que desempeñan en la etapa laboral, teniendo en cuenta que el decreto regula el aprendizaje de una persona a lo largo de toda su vida, y debido a que son las encargadas de integrar los fundamentos de la sostenibilidad en la economía vasca. Por otro lado, el órgano consultivo vasco considera conveniente aclarar la implicación y el papel de los agentes sociales, que no parece tenerse en cuenta en la composición del Órgano Gestor del Centro de innovación y capacitación, ni en el Comité Técnico que lo asesora. Asimismo, tampoco son considerados en la composición del Órgano Gestor de los procesos de reconocimiento y atribución del sello “Centro Educativo Sostenible”, ni en la Comisión Evaluadora de dichos procesos de reconocimiento.

En lo referido a los términos utilizados en la norma, el CES sugiere sustituir la definición “agentes sociales involucrados en materia educativa”, por “agentes involucrados en sostenibilidad”, para contemplar los diferentes entes, organismos y entidades que puedan influir en el cometido del Decreto. Además, el Consejo sugiere que se revisen algunos conceptos que han quedado un tanto obsoletos, como es el caso de los términos “formación continua” o “educación a lo largo de la vida”. Señala así, que el primero se ha sustituido por “aprendizaje a lo largo de la vida” o “formación en el trabajo”, y el segundo, por “aprendizaje a lo largo de la vida”.

Igualmente, el dictamen sugiere que se incorporen datos que respalden las carencias citadas en el ámbito de la educación para la sostenibilidad, como, por ejemplo, que “todavía el grado de penetración de la educación para la sostenibilidad en el ámbito educativo no universitario es susceptible de mejora”, y poder así, considerarlas en futuras iniciativas.

Por último, el CES vasco considera oportuno y coherente que el Gobierno impulse las medidas necesarias para que los edificios que alojan los centros educativos reúnan las condiciones de edificios sostenibles.

COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS DE INNOVACIÓN VASCOS

En cuanto al Centro de Innovación, Capacitación y Gestión del Conocimiento en Educación para la Sostenibilidad, el CES sugiere contemplar un mecanismo de coordinación e interacción de este nuevo centro con otros centros de innovación del Gobierno Vasco, de cara a construir en los próximos años un sistema educativo ambiental estratégico, eficiente en recursos, de calidad técnica y de alto valor añadido para sus destinatarios y destinatarias.

Por otra parte, a la vista de los objetivos que persigue el futuro centro, el consejo propone incorporar en el Órgano Gestor del mismo, una representación de la comunidad escolar, y en su Comité Técnico, los centros escolares, incluyendo los que no estén reconocidos como sostenibles. Además, recomienda incorporar en el Comité Técnico otras entidades públicas o privadas de referencia en medio ambiente o educación ambiental.

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El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe relativo al “Proyecto de Decreto sobre la prestación sanitaria en materia de salud bucodental para la población de 7 a 15 años de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, elaborado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada su tramitación con algunas consideraciones como propuestas de mejora del texto analizado.

La finalidad del proyecto de decreto es establecer el contenido y alcance de la prestación sanitaria en materia de salud bucodental destinada a las personas residentes en la CAPV de 7 a 15 años con derecho a la asistencia sanitaria pública con cargo al Sistema Sanitario de Euskadi, así como la forma de gestionarla.

El CES vasco señala que, recientemente, la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Ministerio de Sanidad ha actualizado las prestaciones de la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia atención a la salud bucodental, y que se plantea iniciar las nuevas prestaciones de manera progresiva, con los grupos de población de 6 a 14 y de 0 a 5 años, en diciembre de 2022 y en diciembre de 2023, respectivamente, conforme a la planificación y la organización asistencial establecida por cada comunidad autónoma.

En lo que a la Comunidad Autónoma del País Vasco se refiere, el consejo consultivo vasco destaca que el PADl ya incluye las prestaciones recogidas en la nueva cartera del SNS dirigidas a la población de 7 a 14 años, y que además, oferta tratamientos que no se contemplan en la cartera común, incluidos algunos tratamientos expresamente excluidos de la misma.

Señala también que el Proyecto de Decreto contribuye a mejorar las prestaciones actuales del Programa de Asistencia Dental Infantil de Osakidetza (PADl), pero indica que la población menor de 7 años también debería ser objeto del programa, debido a que los desarrollos bucales son distintos en cada persona, y puesto que entiende que el objetivo a alcanzar por el programa ha de ser doble; por un lado, garantizar la salud bucodental de todas las personas menores desde las cohortes de edad iniciales, y por otro, lograr que el servicio sea provisto desde la atención primaria, a través de Unidades de Salud Bucodentales de Osakidetza especializadas en atención a la población infantojuvenil.

En este contexto, el CES valora positivamente que la Dirección de aseguramiento y contratación sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y representantes de Osakidetza hayan concluido recientemente que Osakidetza está capacitada para implementar los nuevos servicios que implica la ampliación de la cartera de salud bucodental, cumpliendo los plazos establecidos por el Ministerio para cada uno de ellos, y que Osakidetza dispensará estos nuevos servicios con recursos propios.

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