El presidente del Consejo Económico y Social vasco, Javier Muñecas Herreras, y la secretaria general, Izaskun Astondoa Sarria, participarán en el seminario «La Unión Europea en el nuevo contexto mundial. Mejorar la competitividad avanzando en el modelo social», organizado por el CES de España y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

El encuentro se celebrará los días 8 y 9 de abril, en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres) y abordará los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en un contexto global marcado por cambios constantes. Entre los temas que se analizarán destaca la competitividad y el modelo social europeo, así como la innovación y el desarrollo tecnológico, la protección de los derechos sociales, la cooperación entre estados y la autonomía estratégica en ámbitos como la energía y la defensa.

La inauguración del seminario contará con la participación de diversas autoridades y dará paso a la conferencia magistral de Josep Borrell Fontelles, presidente del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y ex Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. El encuentro reunirá a responsables institucionales y especialistas para abrir debates y aportar reflexiones sobre cuestiones clave para el presente y el futuro de la Unión Europea.

Ainara Herce, presidenta de LEA/AVC y Javier Muñecas, presidente de CES Vasco han rubricado esta mañana el acuerdo que busca asegurar el mejor desarrollo y perfeccionamiento de sus respectivas actuaciones.

La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) y el Consejo Económico y Social Vasco, han suscrito un convenio de colaboración para los próximos cuatro años, con el objetivo de promover cauces de relación y participación, que permitan impulsar el conocimiento mutuo de sus actividades y prestarse ayuda recíproca en aras de incorporar información de valor y perspectivas relevantes a sus respectivos cometidos.

El objeto es favorecer sinergias y asegurar el mejor desarrollo y perfeccionamiento de sus actuaciones, en el ámbito de sus competencias y objetivos. Así, además de compartir conocimiento, información relevante y prestarse soporte técnico, LEA/AVC y CES Vasco se han comprometido a colaborar en la celebración de encuentros, seminarios o simposios sobre temas de interés común.

“Hemos hecho una apuesta por la colaboración interinstitucional que dará buenos frutos para ambas partes. Reforzamos nuestro compromiso con una competencia efectiva, al incorporar la visión relevante y bien informada del CES Vasco, lo que enriquecerá nuestras actuaciones en materia de defensa y promoción de la competencia”, ha señalado en el transcurso del acto de firma, la presidenta de LEA/AVC, Ainara Herce San Martín.

Por su parte, el presidente del CES Vasco, Javier Muñecas Herreras ha destacado que “este acuerdo fortalece el papel del CES Vasco como espacio de encuentro entre los agentes económicos y sociales, sumando la perspectiva de la competencia como un elemento importante para un desarrollo económico justo, sostenible y cohesionado. Este convenio nos permitirá ampliar y diversificar la calidad de nuestras aportaciones a las políticas públicas, incorporando una visión más completa del funcionamiento de los mercados y de su impacto social”.

Sobre la Autoridad Vasca de la Competencia

La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, que desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco.

Sobre el Consejo Económico y Social Vasco 

El CES Vasco constituye el ente consultivo del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco, para hacer efectiva la participación de los distintos intereses económicos y sociales en la política económica y social del País Vasco. De acuerdo con su naturaleza le corresponden, entre otras funciones, la de informar con carácter preceptivo los proyectos normativos y planes generales del Gobierno Vasco en materia de política económica y social, y la de formular propuestas al Gobierno Vasco sobre dicha materia.

El presidente del Consejo Económico y Social Vasco, Javier Muñecas y la Secretaria General, Izaskun Astondoa asistirán la próxima semana, los días 20 y 21, en la localidad francesa de Rouen, a la reunión de la Red Transnacional Atlántica (RTA) –plataforma de cooperación de la sociedad civil dentro del Espacio Atlántico– que se centrará en el reto demográfico y las migraciones. Además de la presentación del balance de actividad y financiero del mandato 2023-2025, está prevista la elección de la nueva presidencia y comité ejecutivo de la RTA.

Durante el presente año 2026 la RTA se va a centrar en elaborar un informe sobre los retos demográficos y las migraciones en las regiones atlánticas. El estudio se va a fundamentar en la explotación homogénea de indicadores comparables, procedentes de fuentes estadísticas armonizadas, sobre demografía, mercado de trabajo, capital humano y estructura territorial de las regiones atlánticas.

La Red Transnacional Atlántica (RTA) es una plataforma de cooperación de la sociedad civil dentro del Espacio Atlántico. Se constituyó en 2003 en el transcurso de la primera sesión de su órgano plenario, el Comité de Orientaciones. Esta red transnacional está compuesta por los Consejos Económicos y Sociales de las regiones del espacio atlántico, o por organismos regionales análogos para el caso de las regiones atlánticas que no cuentan con este tipo de instituciones.

El objetivo principal de la RTA consiste en desarrollar la cooperación entre representantes sociolaborales de la sociedad civil del espacio atlántico con el objetivo de influir sobre las políticas europeas con incidencia sobre la fachada atlántica. La Red Transnacional Atlántica mantiene una relación de colaboración con la Comisión del Arco Atlántico (CAA) de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa.

• El CES considera necesario priorizar un modelo de turismo sostenible que minimice los impactos negativos sociales, medioambientales y económicos a los que se ve afectada la población residente por el fenómeno de la turistificación.

El Consejo Económico y Social Vasco aprobó en su último pleno del año 2025, celebrado el 22 de diciembre, sendos dictámenes sobre el Proyecto de Decreto que regula los acuerdos abiertos entre Lanbide – Servicio Público Vasco de Empleo y agencias de colocación, y sobre el Proyecto de Decreto de régimen de funcionamiento y organización de la Mesa de Turismo de Euskadi.

En primer lugar, el CES ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regulan los acuerdos abiertos entre Lanbide – Servicio Público Vasco de Empleo y agencias de colocación para la prestación del servicio de intermediación y colocación”, que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los acuerdos abiertos a celebrar entre Lanbide y agencias de colocación para articular la colaboración en la prestación del servicio de intermediación y colocación en la CAE. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, así como el objeto que persigue, que es el de dinamizar el mercado de trabajo, ampliando las oportunidades laborales de las personas inscritas como demandantes de empleo.

En este sentido, el CES lleva a cabo consideraciones generales para que el Decreto desarrolle los mecanismos de transparencia, evaluación y control, que garanticen que Lanbide sea capaz de evaluar los resultados de la colaboración, en aras de la calidad y la mejora continua. Además, el Consejo considera que sería conveniente reforzar la declaración de que los acuerdos abiertos no son contratos sino instrumentos e colaboración.

Dentro de las consideraciones específicas, el Consejo cree que debería evitarse que actuaciones válidas queden sin abono por agotamiento del crédito y debería contemplarse una cláusula de garantía, además de la ampliación automática del crédito. El CES considera también importante revisar el decreto, de forma que se refuerce la atención a los colectivos considerados de atención prioritaria.

Mesa de Turismo de Euskadi

En su último informe del año, el CES ha dictaminado sobre el “Proyecto de Decreto de régimen de funcionamiento y organización de la Mesa de turismo de Euskadi”, que tiene por objeto regular la composición, organización y funcionamiento de la Mesa de Turismo. El CES Vasco considera adecuada la tramitación y se valora positivamente la iniciativa de norma. No obstante, en opinión del Consejo, el documento resulta confuso en algunos aspectos, y adolece de errores que debieran corregirse y de carencias que podrían mejorarse.

En este sentido, el CES considera que el texto debiera hacer referencia a un modelo de turismo sostenible que reduzca los efectos negativos de la turistificación. Adicionalmente, el CES considera que además de los proyectos y planes turísticos, se debe valorar los impactos negativos que puedan llegar a tener, en términos sociales, medioambientales y económicos, de forma que puedan ser evitados. Igualmente, el Consejo creen que deberían tenerse en consideración los datos de empleo con suficiente desglose.

En cuanto a la composición de la Mesa de Turismo, el Consejo considera que debiera incluir a todos los agentes sociales, sindicales y empresariales, y hacerlo en términos de paridad, pues es lo que mandata la literalidad y espíritu de la Ley de Turismo. Además, y con independencia de la composición de la Mesa, se considera conveniente que se establezca la posibilidad de que las personas miembros de la misma puedan invitar tanto a personas expertas como a aquellas personas que de forma individual u organizada se movilizan para estudiar y visibilizar no solo los efectos positivos del turismo sino también los negativos, bien sean sociales, medioambientales o económicos.

Dictamen 16/25, sobre Proyecto de Decreto por el que se regulan los acuerdos abiertos entre Lanbide – Servicio Público Vasco de Empleo y agencias de colocación para la prestación del servicio de intermediación y colocación.

Dictamen 17/25, sobre Proyecto de Decreto de régimen de funcionamiento y organización de la Mesa de turismo de Euskadi   

• De forma general el Consejo apuesta por el desarrollo y fomento de una política pública e integral de los cuidados

El pleno del 19 de diciembre del Consejo Económico y Social Vasco ha aprobado sendos dictámenes sobre dos proyectos de decreto del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, en torno a las ayudas económicas a las familias con hijas e hijos y sobre las ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Así, el CES ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto de ayudas a las familias con hijos o hijas”, que tiene por objeto la regulación de las ayudas económicas previstas en el artículo 10 de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, con las consideraciones efectuadas en el dictamen, para su modificación.

El Consejo formula unas consideraciones previas en las que, dada la preocupación por la baja tasa de natalidad, insiste en la necesidad de dejar de poner el foco en ayudas individuales para apostar por un modelo de políticas que atiendan a las necesidades reales como son las de la vivienda o las de los cuidados, y entendiendo que el enfoque de la política de familia tiene que avanzar hacia un abordaje más integral. El Consejo apuesta por el desarrollo y fomento de una política pública e integral de los cuidados, cuestión que, a su juicio, no se garantiza con medidas monetarias.

De manera general, el CES propone cambiar el enfoque pasando de la “ayuda a la natalidad” a la “garantía de derechos de la infancia”, ya que el enfoque de la norma está más orientado a la protección económica de la infancia, que a medidas universales de apoyo a la maternidad/paternidad o a los costes de crianza, en línea con la Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2023.

En otro ámbito, dado que la legislación estatal prohíbe la gestación por sustitución, el CES estima necesario eliminar del articulado tanto la definición específica de gestación por sustitución recogida en el art 3.10 como el artículo 17. (Solicitudes de ayuda para los supuestos de gestación por sustitución); y ceñirse a un criterio más simple y plenamente compatible con nuestro ordenamiento jurídico: reconocer el derecho a las ayudas en función de la filiación válidamente inscrita en el Registro Civil.

Dado que estas ayudas se configuran como un derecho subjetivo, el CES estima fundamental garantizar los recursos necesarios mediante ampliaciones de crédito. El Consejo además considera necesario incorporar la perspectiva de género en el decreto siendo preciso articular medidas para que la crianza no tenga un impacto negativo en la maternidad y la desigualdad de género, cuestión que va mucho más allá de la prevención de la pobreza infantil o de las ayudas económicas universales.

Finalmente, entre otras cuestiones, el Consejo estima que sería conveniente prever una vía excepcional de acreditación alternativa que permita no dejar desprotegidas familias migrantes recién llegadas, familias en situación de sinhogarismo o alta movilidad residencial, ruptura familiar por desahucio, mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en situación administrativa irregular, y pueden dificultar el cumplimiento estricto del requisito de empadronamiento.

 

Ayudas a la conciliación

Por otro lado, el CES ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, que tiene por objeto regular las ayudas que otorgará el Gobierno Vasco, a través del departamento competente en materia de infancia, adolescencia y familias. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, con las consideraciones efectuadas en el dictamen, para su modificación.

En línea con lo dictaminado en ocasiones precedentes, el Consejo insiste de manera general en la necesidad de consolidar una oferta suficientemente amplia de servicios y equipamientos que permitan a las familias tener la descendencia que desean y conciliar adecuadamente los distintos ámbitos de su vida y reiteran en avanzar hacia un foque más integral de la política de familia. Ante esta situación, el CES vasco reivindica el reconocimiento social y económico de la gestión del cuidado para garantizar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Adicionalmente el CES lleva a cabo otras consideraciones generales. En primer lugar, el Consejo considera que la aprobación del proyecto de Decreto en sus términos actuales, si bien recoge medidas interesantes y necesarias, podría limitar su contribución a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la conciliación, resultando aconsejable la incorporación de medidas adicionales para garantizar la plena adecuación del Decreto al marco normativo vigente en materia de igualdad y corresponsabilidad.

Respecto a las ayudas para sufragar la contratación de personas cuidadoras de hijos e hijas menores de 14 años, a la vista del limitado impacto de esta línea de ayudas en comparación con las otras (son la opción del 5,8 % de las familias que se acogen a las ayudas para la conciliación recogidas en este Decreto), se plantea la necesidad de que el Gobierno explore nuevas vías y recursos para responder a los problemas de las familias para conciliar las tareas de cuidado de hijos e hijas y la actividad laboral. Para ello, sería muy conveniente contar con un diagnóstico sobre el conjunto de familias beneficiarias y las razones para acceder a unas u otras medidas.

Finalmente, como tercera recomendación el CES plantea propuestas de mejora para atender situaciones específicas de cuidado. Por un lado, se plantea el concepto de cuidado más allá del ámbito familiar tradicional mediante la introducción del “vinculograma”, que permitiría reconocer vínculos personales relevantes y repartir de forma más equitativa las tareas de cuidado, que recaen casi exclusivamente en las mujeres. Por otro, se aboga por una protección reforzada para familias con mayores cargas, como las numerosas o aquellas con personas con discapacidad, proponiendo medidas como excedencias remuneradas ampliadas y herramientas de conciliación más flexibles y equitativas.

A la luz de estas recomendaciones el CES lleva a cabo unas consideraciones específicas con propuestas para modificar el articulado del Decreto.

(Ver dictámenes)

El CES Vasco considera necesario prever mecanismos de refuerzo extraordinario si la demanda desborda la previsión presupuestaria.

El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el “Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Ayudas de Emergencia Social”, elaborado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. En su respuesta, el Consejo considera adecuada la tramitación de la norma, con las consideraciones efectuadas en el dictamen, para su modificación.

La norma tiene por objeto adaptar la regulación de las Ayudas de Emergencia Social (AES), a la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, determinando los conceptos que deben integrarse en dichas ayudas y los requisitos para su concesión en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Euskadi.

El CES valora positivamente el objeto de la norma, ya que las AES constituyen un instrumento esencial de las políticas públicas de servicios sociales. Su finalidad es dar respuesta inmediata a situaciones de carencia material grave que afectan a la subsistencia digna de las personas. No obstante, en su dictamen el CES considera que pese a su importancia, su consideración jurídica como prestaciones discrecionales y supeditadas a disponibilidad presupuestaria genera inseguridad e inequidad en su acceso. En este sentido, el Consejo considera que la decisión de negar a las AES la condición de derecho subjetivo se ha cerrado en falso, y por ello plantea la necesidad de reabrirlo.

Por otro lado, en opinión del CES, la aplicación de un criterio de valoración basado en la unidad familiar o de convivencia puede resultar adecuado en muchos casos pero, en el caso de las AES, genera importantes distorsiones y exclusiones injustas (invisibilización de vulnerabilidades individuales, rigidez en contextos de precariedad habitacional y dificultades para personas sin hogar). De ahí que, el Consejo considere que un criterio individual de asignación permitiría ajustar la respuesta a la situación real de la persona solicitante, sin diluir su vulnerabilidad en una valoración agregada del hogar;  en línea con el principio de atención centrada en la persona y con la necesidad de dar respuestas rápidas y eficaces a emergencias vitales.

Adicionalmente el CES lleva a cabo otras consideraciones, con el objetivo de mejorar el texto. Entre otras cuestiones, el Consejo valora positivamente la potestad a los servicios sociales de base para mejorar, ampliar o condicionar criterios, dado su conocimiento profesional, pero sin que esto derive en desigualdades entre municipios ni percepción de arbitrariedad, por lo que se considera necesario establecer criterios comunes y claros.

El CES Vasco considera también necesario prever mecanismos de refuerzo extraordinario si la demanda desborda la previsión presupuestaria. Adicionalmente se propone la creación de un fondo de compensación intermunicipal que asegure una cobertura mínima independientemente del tamaño, capacidad o medios del municipio. En cuanto a la regulación e incompatibilidades vigentes con determinadas prestaciones, el CES considera imprescindible avanzar hacia una integración normativa más clara y coherente, que permita a la ciudadanía identificar con seguridad qué ayudas pueden solicitar, en qué condiciones y con qué límites.

Por último, el Consejo valora positivamente la apuesta por la accesibilidad y la obligación de utilizar un lenguaje comprensible en el Decreto. Sin embargo, este compromiso debe completarse con la exigencia de que los ayuntamientos dispongan de servicios de apoyo técnico, acompañamiento y mediación para que nadie quede excluido del acceso a las AES por barreras administrativas o tecnológicas. Finalmente, se estima conveniente que se articule reglamentariamente la obligación de una evaluación del impacto de la nueva norma en base a los objetivos que se persiguen y a los efectos previstos.

(Ver dictamen 13/25)